La defensa legal del senador Érico Galeano, perteneciente a la Asociación Nacional Republicana (ANR), presentó una apelación contra la resolución emitida por el juez Osmar Legal, mediante la cual se determinó que el parlamentario deberá enfrentar un juicio oral y público. Los cargos que se le imputan están relacionados con presuntos delitos de lavado de dinero y asociación criminal.
En el documento presentado ante las autoridades judiciales, los abogados defensores solicitaron que se deje sin efecto el primer punto del fallo y se dicte el sobreseimiento definitivo del senador Galeano. Como alternativa, plantearon que se declare la nulidad de la resolución que fue objeto de apelación.
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Adicionalmente, la defensa solicitó que se anule el segundo punto de la resolución y, en consecuencia, se declare la nulidad de la acusación presentada contra el senador. En este sentido, también se requirió que el Tribunal correspondiente dicte el sobreseimiento definitivo del caso.
Un aspecto destacado de la apelación es la petición de revocar el tercer punto de la resolución judicial, solicitando la exclusión total de diversas pruebas documentales que forman parte del expediente. Esta medida busca debilitar la base probatoria sobre la cual se sustenta la acusación contra el senador Galeano.
La defensa argumentó que el juez no fundamentó su resolución de manera exhaustiva y detallada, especialmente en lo que respecta a las incidencias planteadas por los abogados. En el escrito de apelación se señala: “El Juez no ha fundado su resolución punto por punto, exclusión por exclusión las incidencias planteadas de la manera explicitada más arriba, lo cual conlleva la nulidad absoluta e insanable del fallo recurrido”.
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Cabe recordar que el senador Galeano es señalado por las autoridades como presunto colaborador logístico de una organización dedicada al narcotráfico, supuestamente liderada por Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”, y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset. Según declaraciones del fiscal Silvio Corbeta, el legislador podría enfrentar una pena máxima de 22 años y seis meses de prisión, dada la gravedad de los delitos que se le imputan y el elevado marco penal asociado a estos.
Fuente: Megacadena.
