La empresa de limpieza Potî, propiedad de Alberto Palumbo, se encuentra en el ojo del huracán tras la rescisión de su contrato con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). Esta decisión, consecuencia de una inhabilitación impuesta por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), ha dejado a 90 trabajadoras de limpieza en una situación precaria, sin trabajo y con salarios pendientes.
El 7 de julio, el SNPP anunció públicamente la terminación del contrato con Potî, desencadenando una serie de eventos que han puesto en evidencia las deficiencias en la gestión laboral de la empresa. Las trabajadoras, muchas de ellas madres solteras, se han visto obligadas a manifestarse para reclamar el pago de sus salarios correspondientes a los últimos dos meses, así como las liquidaciones adeudadas tras la rescisión unilateral de sus contratos.
Romina Forcado Gómez, empleada de Potî desde 2021, ha sido una de las voces que ha denunciado la situación. Según su testimonio, los retrasos en los pagos eran habituales, pero la situación actual ha superado todos los límites. “Nos dejaron sin trabajo y sin sueldo. Queremos cobrar, reclamamos nuestro dinero”, expresó Forcado, quien además señaló que el despido se produjo sin previo aviso, violando así los derechos laborales básicos de las trabajadoras.
La gerente de recursos humanos de Potî, María Vera y Aragón, justificó la falta de pagos alegando que el SNPP adeuda a la empresa la suma de 3.500 millones de guaraníes desde enero. Sin embargo, esta afirmación contrasta con las declaraciones de Alejandro Duarte, gerente económico del SNPP, quien asegura que la institución ha cumplido con el contrato “hasta el último guaraní”.
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El conflicto se complica aún más al considerar que el SNPP ya ha adjudicado el contrato a una nueva empresa, Consermar, dejando en el aire la situación laboral de las 90 limpiadoras. Aunque Duarte ha manifestado haber conversado con la representante legal de Consermar para que considere absorber a las trabajadoras despedidas, esta decisión queda a discreción de la nueva contratista, sin garantías para las afectadas.
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La situación pone de manifiesto las deficiencias en el sistema de contratación pública y la vulnerabilidad de los trabajadores ante los cambios en los acuerdos entre empresas y entidades estatales. El SNPP, por su parte, se encuentra en una posición delicada, ya que no ha realizado desembolsos por los 60 días de servicio prestados por Potî debido a la falta de un código de contratación, consecuencia de una protesta presentada durante el proceso de licitación.
Mientras tanto, las 90 limpiadoras continúan en un limbo laboral, sin certezas sobre cuándo o si recibirán los salarios adeudados y las liquidaciones correspondientes. La situación demanda una intervención urgente de las autoridades laborales para garantizar el cumplimiento de los derechos de estas trabajadoras y prevenir situaciones similares en el futuro.
Fuente: Última Hora
