La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido una resolución trascendental en el caso Metrobús, rechazando el recurso de casación interpuesto por la defensa del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y otros dos acusados. Esta decisión judicial, plasmada en el AI N° 356, ha sido tomada por los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Dejesús Ramírez Cándia.
El recurso de casación, presentado el 4 de julio por los abogados Tarek Tuma y Alcides Cáceres, buscaba impugnar el AI N° 136 del Tribunal de Apelación. Dicha resolución había confirmado previamente el AI N° 128 del juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, mediante el cual se admitieron las pruebas aportadas por la fiscala María Estefanía González.
#CasoMetrobús: La Sala Penal de la CSJ no admitió el recurso que planteó la defensa del exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, y los otros dos imputados por el fracasado proyecto del Metrobús.
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Con este fallo, se despeja el camino para que el juez Otazú pueda establecer una nueva fecha para la audiencia preliminar contra los acusados. Cabe recordar que Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz fueron imputados el 11 de abril por el presunto hecho punible de lesión de confianza.
Es menester señalar que la audiencia preliminar, inicialmente programada para el 23 y 24 de julio, fue suspendida por el juez Otazú mediante el AI N° 177. Esta decisión se tomó luego de que la defensa presentara un recurso de reposición con apelación en subsidio, argumentando la extemporaneidad de la fijación de fechas debido al recurso de casación pendiente.
La acusación fiscal, presentada por María Estefanía González, sostiene que durante la gestión de Jiménez Gaona al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), entre 2008 y 2013, se desembolsaron fondos para obras que no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas y resultaron inviables para el proyecto Metrobús.
Según la Fiscalía, el daño patrimonial ocasionado al Estado paraguayo asciende a G. 180.030.528.699 (aproximadamente 25 millones de dólares), correspondiente al pago de 29 certificados de obras a la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA. Este monto representa una obra inconclusa e inviable, resultado de las presuntas conductas irregulares de los acusados.
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En relación a Guillermo Alcaraz Reisinger, encargado del proyecto Metrobús, la acusación resalta una serie de irregularidades en la gerencia que habrían provocado la no conclusión de las obras y el consecuente perjuicio patrimonial al Estado.
Por su parte, a Marta Benítez Morínigo se le atribuye la firma de una modificación del contrato original con Mota-Engil, que incrementó el convenio en G. 103.483.670.390, causando así un presunto daño adicional al patrimonio del MOPC con la obra fallida.
Fuente: ABC Color
