Un fallo judicial de gran trascendencia fue emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez, Luis Benítez y Carolina Llanes. La resolución ratifica la pena de 27 años de reclusión impuesta a Inocencio Ramón Denis Torres, un pastor evangélico hallado culpable de perpetrar actos de abuso sexual contra 10 menores pertenecientes a una comunidad indígena en el departamento de Alto Paraná.
El caso, que salió a la luz en octubre de 2019 tras una denuncia formal, involucra a víctimas cuyas edades oscilaban entre los 8 y 12 años al momento de los hechos. Las menores afectadas forman parte de la comunidad nativa Aché.
️La Sala Penal de la Corte ratificó la pena de 27 años de prisión para el pastor evangélico Inocencio Ramón Denis Torres, por el abuso sexual de diez niñas de la comunidad nativa Aché de Alto Paraná. Con esto queda firme la condena en su contra. pic.twitter.com/dZiaaFcuBE
— Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) July 22, 2024
Durante el proceso judicial, la Fiscalía logró demostrar que Denis Torres se valió de su posición como líder espiritual y figura de autoridad religiosa para someter a las niñas. El acusado había ganado la confianza de las familias, circunstancia que aprovechó para cometer los abusos de manera sistemática.
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Un aspecto particularmente perturbador del caso es la falta de remordimiento exhibida por el pastor a lo largo del juicio. Los informes periciales indican que las víctimas sufrieron daños psicológicos progresivos e irreversibles, extendiéndose el impacto traumático incluso a sus progenitores.
Es importante señalar que, en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se ha mantenido en reserva la identidad de las víctimas y sus familiares. Esta disposición legal prohíbe la divulgación de información que pudiera facilitar la identificación de menores de edad en condición de víctimas o presuntos autores de hechos punibles.
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Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que, ante el conocimiento de cualquier situación de maltrato físico, psíquico o abuso sexual contra menores, existe la obligación legal de denunciar inmediatamente. Estas denuncias pueden ser presentadas ante la Fiscalía de la Niñez, la Defensoría de la Niñez, los Juzgados de Paz, la Codeni o la Policía Nacional, ya sea de forma oral o escrita.
Fuente: Última Hora.
