El fiscal Silvio Corbeta, encargado de la investigación contra el político cartista Erico Galeano por presunto lavado de dinero y asociación criminal, instó al Gobierno a tomar medidas preventivas tras las recientes amenazas del prófugo narcotraficante uruguayo Sebastián Marset contra jueces y fiscales paraguayos.
Corbeta expresó su preocupación, mencionando que estas amenazas podrían afectarlo directamente. “Podría incluirme como parte de estas amenazas”, declaró el fiscal, añadiendo que sería “ideal” que el Gobierno implementara acciones para proteger a los fiscales y sus familias. Esta declaración surge en medio de una investigación crítica y sensible que involucra a Galeano, figura prominente en la política paraguaya.
A pesar de la presión y el riesgo, Corbeta evitó confirmar si cuenta con protección actualmente, señalando que cualquier respuesta podría aumentar su exposición y peligro. “Nosotros, al confrontar estas investigaciones, hacemos una lucha frontal”, explicó, enfatizando que su vida y la de sus familiares podrían estar en riesgo debido a la naturaleza del crimen organizado.
El fiscal Silvio Corbeta, quien está a cargo de la investigación contra el político cartista Erico Galeano por presunto lavado de dinero y asociación criminal, opinó que sería “ideal”, que el gobierno tome medidas sobre las amenazas que hizo Sebastián Marset contra… pic.twitter.com/Y2KLyHBtV6
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) July 22, 2024
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El contexto de esta situación se intensificó cuando Sebastián Marset, en un audio enviado a un programa de televisión uruguayo, lanzó amenazas directas a los fiscales y jueces paraguayos. Marset defendió a su esposa, Gianina García Troche, recientemente detenida por la Interpol en España, calificando de “delincuentes” a los funcionarios paraguayos involucrados en el caso y sugiriendo represalias legales.
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“Los delincuentes son los paraguayos que tienen a cargo ese caso, por perseguir a una persona inocente”, afirmó Marset, prometiendo que sus abogados buscarán la destitución de los jueces y fiscales involucrados. Este tipo de amenazas son una muestra clara del peligro que enfrentan los funcionarios judiciales en Paraguay al abordar casos de crimen organizado.
Fuente: ABC Color
