Una serie de medidas correctivas fueron anunciadas por el Ministerio de Justicia tras el exitoso operativo Guyra hũ, que logró desarticular una sofisticada red de estafadores que operaba desde el interior del penal de San Pedro. El titular de la cartera, Rodrigo Nicora, comunicó que se procederá a la inmediata remoción del director de la institución penitenciaria, Virgilio Duarte, como primera acción en respuesta a los hallazgos.
En una decisión paralela, se dispuso el traslado de cinco reclusos identificados como los principales operadores de la red de ciberestafas. Estos individuos serán reubicados en los pabellones de máxima seguridad del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú. Entre los implicados se encuentran Germán Leguizamón, Alcides González Villalba, Derlis Jonathan Ruiz Díaz, Sergio Fabián Núñez y Charles Albert Arthur David Martínez Camera, este último conocido en el submundo criminal como “el hombre de las 1.000 voces”.
OPERATIVO GUYRA HŨ |
El ministro de @MJusticiaPy, Rodrigo Nicora, confirma el traslado de internos, así como la intervención administrativa y cambio de director de la Penitenciaría Regional de San Pedro.
Vía: Manuel Lezcano.#LaNoticiaNoPara #1000am
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La investigación reveló que los miembros de esta red delictiva ya contaban con un historial en actividades fraudulentas previo a su reclusión. Algunos de ellos cumplían condenas por delitos de estafa y otros relacionados con el cibercrimen.
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El modus operandi de los estafadores consistía en realizar llamadas telefónicas a ciudadanos o establecimientos comerciales, generando una falsa sensación de confianza al informar sobre supuestos premios o beneficios. Durante estas conversaciones, los delincuentes obtenían datos sensibles y códigos que les permitían acceder a billeteras electrónicas de compañías telefónicas.
Una vez en posesión de esta información, los estafadores procedían a vaciar las cuentas, transfiriendo los fondos a otras cuentas electrónicas. Para facilitar estas operaciones, se valían de documentación falsificada, incluyendo cédulas de identidad de personas sin antecedentes penales, lo que dificultaba su detección.
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Las autoridades estiman que, a través de este esquema fraudulento, la red logró recaudar aproximadamente G. 1.500 millones en un período cercano a un año. El Ministerio de Justicia expresó su compromiso de colaborar plenamente con la investigación en curso, proporcionando toda la información logística necesaria para la recopilación de pruebas y el esclarecimiento total de los hechos.
Fuente: Última Hora.
