En una medida destinada a combatir el creciente problema del robo de energía eléctrica, especialmente en el contexto de la criptominería, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 7.300. Esta nueva legislación modifica el artículo 173 del Código Penal, imponiendo sanciones más severas para quienes incurran en la sustracción ilegal de electricidad.
El ingeniero Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), anunció la promulgación de la ley, destacando dos cambios fundamentales. En primer lugar, la pena máxima por el delito de robo de energía eléctrica se incrementó de tres a 10 años de prisión. Adicionalmente, la ley establece la incautación de los bienes utilizados en estas actividades ilícitas, los cuales serán administrados temporalmente por la ANDE.
Esta mañana se anunció la promulgación de la ley que fuera remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, para proteger la integridad del sistema eléctrico paraguayo. La ley establece elevar la pena privativa de libertad por la sustracción ilegal de energía eléctrica… pic.twitter.com/C1XpmIPg5u
— Vocería de Gobierno del Paraguay (@voceriaparaguay) July 19, 2024
Según Sosa, desde 2020 se registró un aumento significativo en la actividad de criptominería en Paraguay, con numerosas instalaciones operando de manera ilegal. La mayoría de estas operaciones, señaló, provienen de China. A pesar de la implementación de tarifas específicas para el consumo legal de energía, las conexiones irregulares continuaron proliferando.
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La ANDE denunció 78 casos de conexiones ilegales, lo que resultó en la incautación de más de 10.000 procesadores de datos y 52 transformadores. Sin embargo, hasta ahora, la falta de penas adecuadas había permitido que los responsables evitaran consecuencias legales significativas.
Es importante destacar que la nueva ley mantiene las sanciones previas para los robos en baja tensión, con penas de hasta tres años o multa para los clientes residenciales. El asesor legal de la ANDE aclaró que el objetivo principal de esta legislación es combatir el consumo intensivo ilegal de energía, particularmente en los sectores comercial, industrial y de criptominería.
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El presidente Sosa expresó su agradecimiento al Congreso por el tratamiento urgente de esta ley, enfatizando la importancia de proteger los recursos energéticos del país. Se espera que esta nueva legislación tenga un efecto disuasivo sobre las industrias que operan ilegalmente, contribuyendo así a la salud financiera de la ANDE y mejorando el servicio a los clientes legítimos.
Fuente: ABC.
