En el caso “Pavo Real Py”, el juez penal de garantías especializado en crimen organizado, Osmar Legal, declaró en rebeldía y ordenó la captura de cinco individuos estrechamente vinculados al conocido narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão. Esta decisión judicial se encuentra plasmada en el Auto Interlocutorio N° 269.
Entre los afectados por esta resolución se encuentran Alexandre Rodrigo Chimenes Larson, hermano de Pavão, y Juan Leandro Marques Alvarenga, su yerno. Además, la orden de captura se extiende a tres presuntos testaferros: Ángela María Kunrath, Aroldo de Moura Pereira y Telma Elizabeth Grión. Todos ellos están imputados por los delitos de lavado de activos y asociación criminal, según lo establecido en los artículos 44° y 42° de la Ley N° 1.340/88 y su modificatoria, la Ley N° 1.881.
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La decisión del juez Legal se fundamenta en la incomparecencia reiterada de los imputados ante las autoridades judiciales. Según consta en el auto interlocutorio, desde la presentación de la imputación el 11 de julio de 2023, los acusados evadieron sistemáticamente su participación en el proceso legal. Esta situación impidió la realización de audiencias cruciales, como la imposición de medidas cautelares y la toma de declaraciones indagatorias.
La investigación del Ministerio Público reveló un intrincado entramado de empresas y propiedades presuntamente utilizadas para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Alexandre Rodrigo Chimenes Larson, por ejemplo, es señalado como fundador de las empresas Crefisa SA y Group Emprendimientos SA (ahora Caucaso SA), así como de Ganadera del Norte SA, todas ellas bajo sospecha de ser vehículos para la legitimación de capitales ilícitos.
Por su parte, Juan Leandro Marques Alvarenga, casado con la hija de Pavão, Suellen Monique Martínez Pavão, es investigado por la adquisición de bienes inmuebles y la creación de emprendimientos comerciales presuntamente financiados con dinero del narcotráfico. Los otros tres imputados están vinculados a diversas propiedades y empresas que la Fiscalía considera parte del esquema de lavado.
La orden de captura emitida por el juez Legal no solo busca asegurar la comparecencia de los imputados ante la justicia, sino que también interrumpe el plazo de duración máxima del procedimiento. Esta medida permanecerá vigente hasta que los acusados sean aprehendidos y puestos a disposición del juzgado, permitiendo así la continuación de las investigaciones sin el riesgo de que el caso prescriba.
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El caso “Pavo Real Py” cobró relevancia nacional e internacional por sus implicaciones en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la región y cuenta con 24 acusados hasta el momento.
Fuente: ABC.
