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MIC defiende decreto sobre importación de combustibles

El ministro Javier Giménez explica que la medida busca evitar el contrabando y la competencia desleal. Emblemas privados expresan preocupación.

Desde el sector privado alertaron que nuevo decreto sobre importación de combustible afectaría la competencia. Gustavo Machado

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) ha salido en defensa del polémico Decreto 1.952, que establece nuevas normas para la importación de combustible búnker en Paraguay. El ministro Javier Giménez explicó los fundamentos de esta medida, enfatizando su objetivo de combatir el contrabando y la competencia desleal en el sector.

Según Giménez, el decreto busca regular la venta de combustible búnker, que no paga impuestos por estar destinado al aprovisionamiento de embarcaciones. La normativa exige que los tanques de almacenamiento tengan una capacidad mínima de 16 millones de litros, una medida que, según el ministro, fortalecerá la trazabilidad del combustible.

El funcionario argumentó que el sistema anterior era demasiado flexible, permitiendo la importación de combustible declarado para remolcadores, pero que terminaba en el mercado interno sin pagar impuestos. Esta práctica, según Giménez, facilitaba el contrabando y generaba competencia desleal.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) impulsó este cambio para mejorar el control sobre la distribución del combustible. El decreto exige que la carga se realice en puertos con instalaciones adecuadas, en lugar de en las riberas de los ríos, donde el control era más difícil.

Sin embargo, el sector privado ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias de esta medida. Luis Ortega, vocero de Shell en Paraguay, sugirió que el decreto podría favorecer a Petróleos Paraguayos (Petropar) en detrimento de las empresas privadas.

Giménez reconoció estas preocupaciones y se mostró abierto al diálogo con los representantes del sector privado. El ministro enfatizó que el gobierno no es obtuso en sus medidas y está dispuesto a revisar la normativa si se demuestra que afecta negativamente la competitividad o las inversiones extranjeras.

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La situación ha generado tensión en el sector, con Shell incluso considerando la posibilidad de reevaluar su operación en Paraguay. Giménez expresó su preocupación por estas declaraciones, reconociendo la importancia de Shell como el principal vendedor de combustible en el país.

Este conflicto pone de manifiesto la delicada balanza entre la regulación gubernamental y los intereses del sector privado en la industria de combustibles de Paraguay. El desenlace de esta situación podría tener implicaciones significativas para el mercado energético del país y las inversiones extranjeras en el sector.

Fuente: ABC Color