Movilización bajo el lema La discapacidad en emergencia. Foto: Juano Tesone
El gobierno argentino ha anunciado una exhaustiva auditoría para examinar más de 1,2 millones de pensiones por invalidez otorgadas en los últimos años.
Según fuentes oficiales, se estima que cerca de medio millón de pensiones podrían haber sido otorgadas de manera fraudulenta. Esta situación habría generado un desvío de fondos públicos calculado en aproximadamente 3.400 millones de dólares durante las administraciones anteriores.
La auditoría se centrará en verificar si los beneficiarios cumplen con los requisitos legales para percibir la pensión por invalidez. Se prevé que el proceso incluirá citaciones individuales, evaluaciones médicas y análisis socioeconómicos de los pensionados.
Las autoridades argentinas sospechan de la existencia de una red organizada que involucraría a gobernadores, intendentes, dirigentes políticos y profesionales de la salud. Esta estructura habría facilitado la obtención irregular de pensiones, especialmente en regiones como el conurbano bonaerense y las provincias del norte del país.
El anuncio ha generado expectativas sobre el impacto fiscal que podría tener la eventual baja de beneficios irregulares. Se calcula que el ahorro mensual podría alcanzar los 100.000 millones de pesos argentinos, una cifra significativa para las finanzas públicas del país vecino.
La decisión de realizar esta auditoría surge a raíz de una denuncia presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuán. En ella, se señala la posible responsabilidad de altos funcionarios del gobierno anterior en la flexibilización de los criterios para otorgar pensiones por invalidez.
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El proceso de revisión no estará exento de controversias. Se prevén posibles resistencias y cuestionamientos judiciales, similares a los enfrentados durante intentos previos de auditoría en gobiernos anteriores.
Las autoridades argentinas han enfatizado que la revisión será objetiva y que no se afectarán los beneficios de quienes cumplan genuinamente con los requisitos. Sin embargo, se anticipa un debate intenso sobre los criterios de asignación de pensiones y la eficiencia en el uso de recursos públicos.
Fuente: Clarín
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