El presidente Santiago Peña ha designado a Pedro Alliana como intermediario principal en las negociaciones con el sector productivo, dejando al margen al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez. Esta decisión surge en medio de crecientes tensiones y amenazas de movilizaciones por parte de los agricultores.
La crisis se ha desencadenado por la apremiante necesidad de financiamiento que enfrenta el campo. Aproximadamente 1.096 productores han alzado su voz, exigiendo no solo una línea de crédito sino también la destitución de Giménez, a quien acusan de incompetencia y falta de visión para el desarrollo agrícola.
El próximo martes se vislumbra como una fecha crucial, donde Alliana buscará encontrar una solución que evite las anunciadas movilizaciones en varios departamentos del país. El gobierno se muestra dispuesto a facilitar el acceso a una línea de crédito de 15 millones de dólares a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
La relación entre Giménez y el sector productivo parece haber llegado a un punto de quiebre. No solo los agricultores, sino también gobernadores de zonas agrícolas clave como Itapúa y San Pedro, han manifestado su descontento con la gestión del ministro, acusándolo de persecución y negligencia en la asistencia a comunidades agrícolas.
Antonio Cabrera, presidente de la Asociación de Productores Norteños, ha sido enfático al expresar la falta de confianza en Giménez para administrar fondos destinados al campo. “Si quieren jugar con nosotros, vamos a salir a la calle a manifestarnos”, advirtió Cabrera, sugiriendo que una movilización podría costarle el puesto al ministro.
En un esfuerzo por evitar el conflicto, se está llevando a cabo un censo en colaboración con el BNF y el CAH para actualizar el registro de fincas y evaluar la situación de endeudamiento de los agricultores. Este proceso incluye a los llamados “productores en rojo”, para quienes se contempla un fondo especial de 3 millones de dólares administrado por una entidad no gubernamental.
La magnitud del desafío se hace evidente al considerar que solo en el departamento de San Pedro existen alrededor de 40.000 agricultores no registrados, con otros 20.000 en Canindeyú. Esta realidad subraya la urgencia de encontrar soluciones integrales que abarquen a todo el sector.
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El gobierno de Peña se encuentra ante una encrucijada: lograr el visto bueno de los bancos para los créditos solicitados o enfrentar lo que podría ser su primera gran prueba de fuego con movilizaciones masivas en las principales cabeceras departamentales afectadas por la sequía.
La situación pone de manifiesto las complejidades del sector agrícola paraguayo y la necesidad de una gestión más efectiva y cercana a las necesidades de los productores. El desenlace de estas negociaciones podría marcar un antes y un después en la política agraria del país.
Fuente: La Política Online
