El senador colorado cartista Hernan Rivas se retira del juzgado de Miguel Angel Palacios, tras la audiencia de imposición de medidas, realizada ayer. Foto: Gustavo Machado
El senador colorado cartista Hernán David Rivas ha solicitado que se reduzca el plazo de la investigación en su contra por la presunta falsificación de su título de abogado. La defensa de Rivas ha apelado la resolución emitida por el juez de Garantías Raúl Florentín, que fijó el 15 de agosto como la nueva fecha para la presentación del requerimiento conclusivo.
La resolución recurrida fue dictada el 12 de julio por el juez Florentín, quien actuó como interino del juez Miguel Palacios. El magistrado había hecho lugar al recurso de reposición presentado por la fiscala Patricia Sánchez, extendiendo el plazo inicial del 19 de julio al 15 de agosto para que el Ministerio Público pudiera concluir su investigación.
La defensa de Rivas, encabezada por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres, argumenta que la extensión del plazo es innecesaria. Ellos cuestionan por qué, tras casi seis meses de investigación, los datos probatorios recopilados no son suficientes para sustentar una acusación. Además, señalan que la Fiscalía no solicitó una prórroga en tiempo y forma, lo que consideran un fallo procedimental.
El Tribunal de Apelación en lo penal, segunda sala, integrado por los magistrados Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, será el encargado de estudiar esta apelación. Sánchez imputó a Rivas en enero por la presunta falsificación de su título de abogado, una imputación que fue admitida en febrero por el juez Miguel Palacios, quien inicialmente había fijado el 19 de julio como fecha límite para la investigación.
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Sin embargo, la defensa de Rivas ha cuestionado esta admisión en repetidas ocasiones. En marzo, el Tribunal de Apelación revocó la imputación y devolvió el documento a la Fiscalía para su corrección. La Fiscalía, bajo la dirección interina de Daniela Benítez, ratificó la imputación en marzo, y se volvió a fijar el 19 de julio como fecha límite.
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Finalmente, en julio, la fiscala adjunta Patricia Rivarola presentó una tercera imputación. El juez Raúl Florentín, al admitir esta imputación, estableció nuevamente el 19 de julio como la fecha límite, lo que llevó a la fiscala Sánchez a solicitar una extensión, alegando que el plazo original de nueve días era insuficiente.
Fuente: ABC Color
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