El exintendente liberal de Lambaré, Armando Gómez, enfrenta serias acusaciones de corrupción. El fiscal Francisco Cabrera Sanabria ha formalizado una imputación contra Gómez y otras seis personas por un presunto perjuicio patrimonial de G. 9.246.215.000 a la municipalidad.
La investigación, iniciada tras una denuncia de concejales municipales, reveló un sofisticado esquema de anulación de comprobantes de ingresos en el sistema informático utilizado para el cobro de impuestos. Este mecanismo habría permitido desviar fondos destinados a las arcas municipales.
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Según la fiscalía, el esquema fue creado y liderado por el exintendente Gómez, con la participación de altos funcionarios municipales, incluyendo al exdirector de Administración y Finanzas, Roberto Paredes, y al exdirector de Gestión Tecnológica, Edgar Iván Villalba.
La operativa fraudulenta consistía en anular comprobantes de pago en el sistema informático, a pesar de que los contribuyentes habían efectuado sus pagos. Estas anulaciones se realizaban fuera del horario laboral y por usuarios sin los privilegios necesarios, evitando así que los importes ingresaran efectivamente a la municipalidad.
#AHORA – El Fiscal Francisco Cabrera imputó al exintendente de Lambaré Armando Gómez y otros seis exfuncionarios
Fueron imputados por supuesta asociación criminal, lesión de confianza, exacción y otros delitos que habrían causado un perjuicio de G. 9.246.215.000
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— Monumental AM 1080 (@AM_1080) July 17, 2024
Un informe pericial reveló que de un total de G. 43.469.379.847 recaudados en 2019, se anularon 8.286 comprobantes por un valor de G. 10.057.215.329. De estos, solo una fracción mínima podría considerarse regular, dejando un perjuicio estimado de G. 9.246.215.000.
Entre los contribuyentes afectados se encuentran importantes empresas y cooperativas, cuyos pagos, algunos superiores a los G. 60 millones, fueron anulados en el sistema a pesar de haber sido efectivamente realizados.
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La imputación destaca la designación estratégica de personas de confianza en puestos clave de la municipalidad por parte de Gómez tras asumir el cargo en 2015, lo que habría facilitado la ejecución del esquema fraudulento.
Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer los controles internos en las administraciones municipales y la importancia de la transparencia en la gestión de los recursos públicos. La evolución del proceso judicial será crucial para determinar las responsabilidades y, potencialmente, sentar un precedente en la lucha contra la corrupción a nivel municipal en Paraguay.
Fuente: El Observador
