El defensor general del Ministerio de la Defensa Pública, Javier de Jesús Esquivel, justificó el meteórico ascenso que tuvo en la institución su nuera. Foto: Monumental 1080 AM
El nuevo Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública, Javier de Jesús Esquivel, ha generado controversia al defender el ascenso de su nuera, María Celaida Núñez, a un puesto de directora con un salario de G. 22 millones. Núñez, quien anteriormente trabajaba como dactilógrafa con un salario de G. 3 millones, ahora ocupará el cargo de directora, aunque sus funciones seguirán siendo las de una secretaria.
Esquivel explicó que otorgó confianza a todo el personal gerencial, incluyendo a Núñez, debido a la falta de precisión y confianza en el desempeño de algunos miembros del equipo anterior. Señaló que solicitó un dictamen a la Contraloría General de la República (CGR) sobre el ascenso de su nuera y que, según el dictamen, no hubo incompatibilidad de intereses ni violación de normas jurídicas.
La justificación de Esquivel se basa en que el cargo de directora ya existía y que Núñez simplemente asumió el puesto vacante, que anteriormente ocupaba una funcionaria durante la administración de la ex Defensora General, Lorena Segovia. Sin embargo, Esquivel no tenía claro el puesto anterior de su nuera, lo que ha generado críticas y dudas sobre el proceso de ascenso.
El Defensor General también expresó su desacuerdo con la disparidad salarial entre los cargos gerenciales y los defensores públicos. Indicó que mientras su nuera ganará G. 22 millones como directora, los defensores públicos tienen salarios alrededor de G. 18 millones. Esta diferencia ha sido motivo de discusión y ha resaltado las inconsistencias en la estructura salarial del Ministerio de la Defensa Pública.
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El ascenso de María Celaida Núñez ha provocado reacciones mixtas, con cuestionamientos sobre la ética y la transparencia en el proceso de selección y ascenso dentro de la institución. La situación pone en evidencia la necesidad de revisar y asegurar procesos claros y justos en la administración pública.
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La polémica en torno a este caso subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las decisiones administrativas, especialmente en una institución como el Ministerio de la Defensa Pública, que debe velar por los intereses de la ciudadanía.
Fuente: Última Hora
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