En una polémica decisión, los diputados liberales Cleto Giménez y Roya Torres lograron la suspensión de su audiencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Esta audiencia estaba destinada a tratar los pedidos de desafuero en su contra, relacionados con el escándalo de los “nepobabies”.
Ambos legisladores presentaron solicitudes de suspensión argumentando que no tuvieron acceso al legajo de la Fiscalía, necesario para preparar sus defensas. El presidente de la comisión, Roberto González (ANR, Fuerza Republicana), confirmó que la solicitud fue aceptada y la audiencia fue reprogramada para el próximo martes. González aclaró que, de no asistir nuevamente, la comisión podría emitir un dictamen en ausencia de los parlamentarios.
González expresó que, a su juicio, ambos diputados deberían ser desaforados. “Desde el momento que los hechos punibles imputados a estos dos parlamentarios no son de los que estén previstos en el artículo 191 de la Constitución Nacional, corresponde el desafuero porque se trataría de delitos económicos”, comentó. Señaló que la comparecencia de los diputados no es obligatoria, pero se les convocó para que puedan presentar sus defensas, en el marco del dictamen que debe elaborar la comisión.
Además, González informó que la Comisión remitió a los legisladores el legajo fiscal relacionado con la causa. Esta medida pretende garantizar que los diputados tengan pleno acceso a la documentación necesaria para su defensa, evitando así futuros retrasos en el proceso.
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El caso “nepobabies” involucra a las hijas de Cleto Giménez, Danna Maricela y Johanna Denisse Giménez, así como al hijo de Roya Torres, Elías Matías Godoy Torres. La Fiscalía acusa a estos jóvenes de ser “planilleros” en la Cámara Baja, es decir, de cobrar salarios sin cumplir funciones efectivas, con el consentimiento de sus padres.
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La imputación de los “nepobabies” incluye el presunto cobro indebido de honorarios, un delito económico grave que ha generado indignación pública. La suspensión de la audiencia ha sido vista por muchos como una táctica dilatoria, mientras que otros defienden el derecho de los legisladores a una defensa justa y adecuada.
Fuente: ABC Color
