El juicio oral y público contra el exgobernador cartista de Central, Hugo Javier González, prosigue este lunes en medio de acusaciones por el presunto desvío de G. 5.100 millones destinados a la reactivación económica durante la pandemia del Covid-19. González enfrenta cargos por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal en este caso que ha generado gran atención mediática y preocupación ciudadana.
Durante la jornada, la Fiscalía, representada por los agentes Diego Arzamenda, Néstor Coronel y Francisco Cabrera, rechazó los incidentes planteados por la defensa de Hugo Javier, que buscaba anular el Auto Interlocutorio N° 37 dictado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, el cual elevó la causa penal a juicio oral y público. Los fiscales sostienen que la apertura del juicio cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal y que las cuestiones de fondo deben ser analizadas durante el proceso oral.
El fiscal Francisco Cabrera resaltó que existe fundamentación suficiente para la elevación de la causa a juicio oral, señalando que durante la audiencia preliminar se verificó la ausencia de vicios y se analizaron las circunstancias y requisitos legales. Según Cabrera, el debate sobre el fondo de la cuestión tendrá lugar en el juicio oral y público, donde se evaluarán las pruebas y argumentos presentados por las partes.
La acusación fiscal sostiene que Hugo Javier desvió dinero de la Gobernación de Central a través de la ejecución de obras a favor de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), utilizando facturas falsas para justificar cuatro millonarios desembolsos. Además del exgobernador, otros cinco funcionarios de la institución también forman parte del proceso: Javier Rojas, Luis Allende, Lourdes Lezcano, Modesta Valiente y Miguel Ángel Robles, quien se desempeñaba como director general del Gabinete de la Gobernación.
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El Tribunal de Sentencia está conformado por las juezas Karina Cáceres, en calidad de presidenta, Ana Rodríguez y Yolanda Morel. Estas magistradas tendrán la responsabilidad de analizar minuciosamente las pruebas presentadas y determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados en este caso que ha generado indignación en la ciudadanía, especialmente considerando que los fondos presuntamente desviados estaban destinados a la reactivación económica durante una de las crisis sanitarias más graves de la historia reciente.
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Cabe destacar que Hugo Javier González enfrenta otra causa penal por la supuesta “tragada” de G. 18.300 millones de la Gobernación de Central, lo que evidencia un patrón de presuntas irregularidades durante su gestión al frente de la institución.
Fuente: ABC Color
