La controversia en torno al proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro” en Paraguay continúa escalando. El senador cartista Derlis Maidana ha revelado que podrían presentarse “sugerencias respetuosas” a la Cámara de Diputados para modificar algunos artículos del proyecto.
Maidana, quien junto al senador Gustavo Leite ha sido encargado de trabajar en posibles ajustes, enfatizó que cualquier conversación hasta el momento es extraoficial. Sin embargo, adelantó que esta semana podrían presentarse sugerencias a la Mesa Directiva de Diputados.
Los senadores cartistas Gustavo Leite y Derlis Maidana realizarán «ajustes» a la ley que pretende el control de las ONGs. La misma es señalada como #LeyGarrote por varias organizaciones.#ABCTvPyhttps://t.co/ZvwJlbwdHn pic.twitter.com/usStOWiTT4
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) July 15, 2024
El senador cartista señaló la necesidad de hacer precisiones para tranquilizar a las organizaciones civiles más pequeñas, como comisiones vecinales y bomberos voluntarios. Estas entidades temen que la nueva ley complique excesivamente su acceso a fondos.
Uno de los puntos clave que Maidana considera necesario clarificar es la definición de los sujetos excluidos del control en la eventual ley. Asimismo, mencionó que existen dudas sobre los ámbitos de competencia del Estado mencionados en la propuesta.
A pesar de estas sugerencias, Maidana insistió en que no hay un cambio de postura en su bancada respecto al control de fondos privados. “Nos mantenemos en que los fondos privados deben ser controlados”, afirmó.
El legislador respondió a las críticas que califican el proyecto como “un garrote contra las ONG”, argumentando que estas organizaciones reciben grandes cooperaciones privadas en millones de dólares. Sin embargo, reconoció la necesidad de pulir y especificar algunos puntos de la ley para evitar confusiones.
Maidana aseguró que el control se extendería a entidades como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), siempre y cuando reciba fondos públicos o privados.
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Por su parte, las organizaciones no gubernamentales se mantienen en contra de la propuesta, alegando que afectaría gravemente el derecho a la libertad de asociación y obstaculizaría el acceso a financiamiento. Advierten que las medidas “confiscatorias” podrían reducir las donaciones internacionales.
Las ONG recuerdan que ya son controladas por diversas entidades estatales, incluyendo la Contraloría General de la República y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, cuestionando así la necesidad de una nueva legislación restrictiva.
Fuente: ABC Color
