El Ministerio Público a cargo de Emiliano Rolón no investigó a 56 jefes comunales denunciados por la CGR tras finalizar auditorías.Nina Osorio
La lucha contra la corrupción en Paraguay ha sufrido un revés significativo. A un año de la presentación de denuncias por parte del contralor general Camilo Benítez contra 56 administraciones municipales, el Ministerio Público ha decidido no iniciar investigaciones, alegando falta de “indicios penalmente relevantes”.
En julio de 2023, la Contraloría General de la República (CGR) remitió a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía los resultados de auditorías realizadas durante el periodo 2021-2022. Estos informes revelaron posibles perjuicios patrimoniales por un total de 50.119 millones de guaraníes.
Sin embargo, el Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal general Emiliano Rolón, ha desestimado estas denuncias. Según la respuesta proporcionada por la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los hallazgos de la CGR fueron considerados meras “observaciones administrativas”.
Las irregularidades detectadas por la CGR se centran principalmente en la administración de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Estos fondos estaban destinados a programas cruciales como la distribución de almuerzos y meriendas escolares, así como la construcción de aulas.
La decisión de la Fiscalía de no investigar estas denuncias ha generado preocupación entre los contribuyentes y concejales municipales que impulsaron las fiscalizaciones. Esta inacción deja sin respuesta interrogantes sobre el destino real de los fondos municipales.
Entre los municipios que se han librado de investigaciones se cuentan 27 administraciones coloradas, 13 liberales, 14 aliancistas, una patriaqueridista y una del Partido Yo Creo. Esta situación refuerza la percepción de que la Contraloría ha sido reducida a un papel meramente decorativo.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
La falta de seguimiento a las denuncias de la CGR se ve agravada por el reciente veto a una ley que buscaba fortalecer el papel de este organismo de control. Esto plantea serias dudas sobre la efectividad de los mecanismos anticorrupción en el país.
Aunque la Fiscalía asegura estar trabajando en mejorar la coordinación interinstitucional con la CGR, la desestimación de estas denuncias plantea interrogantes sobre el compromiso real del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.
Fuente: ABC Color
Esta web usa cookies.