El abogado Manuel Riera, expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay, señaló que el proyecto de ley con media sanción en el Senado, que busca controlar a las organizaciones no gubernamentales (ONG), guarda similitudes con la famosa “Ley de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas” de la dictadura de Alfredo Stroessner.
En particular, Riera hizo referencia al artículo 4 de aquella ley de la época stronista, que estipulaba pena carcelaria de uno a cinco años para quienes “mantuvieren relaciones o recibieren instrucciones, dádivas o auxilios de cualquier clase que fueren, de gobiernos, organizaciones o personas extranjeras, y los que entregaren, distribuyeren instrucciones por cualquier medio”.
El abogado Manuel Riera Escudero enfatizó que el proyecto de ley conocido como “anti ONG”, en realidad, es un avasallamiento del Estado a la libertad de las personas y es contrario al principio de libertad garantizado por la Constitución.… pic.twitter.com/YHnnsWj0FT
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) July 15, 2024
En comunicación con ABC Cardinal, el abogado explicó que, si bien existe una “obvia diferencia” en la medición de la pena, que en el caso de la ley de la dictadura era carcelaria, “el hecho sancionable es el mismo”.
“Están abriendo un cheque en blanco con una ley cuya interpretación va a quedar en manos de un burócrata y después podrán decir: ‘Vos hiciste la entrevista a un señor que está activando en estas cosas y tenés relación, entonces tenés que registrarte, transparentar, rendir cuentas’”, ejemplificó Riera.
Uno de los principales cuestionamientos del experto es que esta “ley construye una enorme red burocrática de controles” y, con el pretexto de transparencia, el Estado ingresa a “la esfera privada del funcionamiento de muchas entidades y puntualmente de las personas que trabajan en esas entidades o que puedan estar vinculadas”.
Riera advirtió que estas organizaciones serán “sometidas a un esquema de control con obligaciones que no se pueden cumplir en los plazos exigidos, con un esquema de multas muy oneroso que puede tumbar no solamente a las entidades, sino a las propias personas, a estados inclusive de insolvencia por lo desproporcionado de sus montos”.
Además, el abogado señaló problemas de lenguaje en la redacción de la ley, con “mucha vaguedad y ambigüedad” que da lugar a múltiples interpretaciones, lo que a su juicio es un error, pues “también hay que partir de la mala fe de un eventual Gobierno que haga uso del poder excesivo que esta ley confiere”.
Riera recordó que con la actual legislación, estas organizaciones solo existen con autorización del Ejecutivo y con una serie interminable de requisitos y controles, por lo que cuestionó que ahora se dupliquen estas funciones, generando únicamente un colapso del sistema.
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Finalmente, el expresidente del Colegio de Abogados pidió a la Cámara de Diputados que haya más sensatez y análisis en torno a este proyecto, considerando los riesgos que conlleva para las organizaciones de la sociedad civil.
Fuente: ABC.
