Las denuncias por supuesto cobro indebido de honorarios contra Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y Yanina Maidana, hija del senador colorado Derlis Maidana, fueron desestimadas por el juez Rodrigo Estigarribia a pedido del Ministerio Público. Estas funcionarias, conocidas como “nepobabies”, formaban parte de la lista de casos de nepotismo denunciados en el Congreso, que generó un gran escándalo en la opinión pública.
Según el fundamento de la desestimación, los pagos efectuados en concepto de salarios y bonificaciones a Alliana y Maidana se encuentran justificados por las normativas vigentes, y por lo tanto, no se advierte que esta situación haya ocasionado algún perjuicio patrimonial a la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta decisión judicial ha generado controversia y cuestionamientos sobre la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos.
Montserrat Alliana percibe una remuneración superior a los G. 18 millones como coordinadora de Liquidación en la Cámara Baja, mientras que Yanina Maidana es funcionaria permanente del Congreso Nacional, donde ingresó sin concurso de méritos y apenas con su título de bachiller, desempeñándose como asistente con un sueldo de G. 5 millones. Estos casos ponen en evidencia las prácticas de nepotismo y favoritismo que persisten en las instituciones del Estado paraguayo.
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A raíz de las denuncias, se abrió una carpeta fiscal a cargo de los fiscales Jorge Arce, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, quienes imputaron a los diputados liberocartistas Roya Torres y Cleto Giménez, y a sus hijos, por cobro indebido de honorarios. Sin embargo, otros funcionarios denunciados, como Silvana Busto Adorno, hija del diputado colorado José Domingo Adorno, y Silvia Noemí Vega, esposa del diputado de la ANR Benjamín Cantero, no fueron imputados, lo que genera sospechas de un trato desigual por parte de la justicia.
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El caso de las “nepobabies” ha puesto en el centro del debate público la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la contratación y promoción de funcionarios en el sector público. Es fundamental que se garantice la igualdad de oportunidades y que los cargos sean asignados en base a méritos y capacidades, y no por vínculos familiares o políticos.
Fuente: Última Hora
