Jueza Gloria Machuca.
La jueza de paz Gloria Machuca se encuentra en el centro de una controversia internacional después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara información sobre su decisión judicial que restringió las publicaciones de un medio de comunicación en Paraguay.
El caso, que involucra al empresario Cristian Chena, propietario del medio Resumen de Noticias (RDN), ha llamado la atención de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH. La jueza Machuca había prohibido a Chena realizar publicaciones que mencionaran a Gisele Zuni Mousques por un año, una decisión que fue posteriormente revocada.
La abogada Alejandra Peralta, representante legal en el caso, reveló que Machuca admitió haber actuado según su “fuero interno” y no basándose en la ley y la Constitución. Esta declaración ha intensificado las preocupaciones sobre la posible arbitrariedad en la aplicación de medidas que restringen la libertad de expresión.
Como respuesta a la solicitud de la CIDH, la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay ha emplazado a la jueza Machuca para que presente un informe detallado sobre sus actuaciones en el proceso.
La CIDH ha expresado su preocupación por la situación de la libertad de prensa en Paraguay, solicitando información sobre varios casos similares y las medidas adoptadas por el Estado para garantizar que las decisiones judiciales se ajusten a los estándares interamericanos de libertad de expresión.
También ha enfatizado la importancia del periodismo como manifestación fundamental de la libertad de expresión en sociedades democráticas. El organismo recuerda que cualquier restricción a este derecho debe cumplir con requisitos estrictos de legalidad, objetivo legítimo, necesidad y proporcionalidad.
En su solicitud, la Relatoría pide información específica sobre varios casos, incluyendo los de los periodistas Mabel Portillo, Alfredo Guachiré, Letizia Medina, Fredy Chamorro, y el cronista Hernán Núñez y camarógrafo Álvaro Báez.
Este caso ha puesto de manifiesto la tensión existente entre la protección contra la violencia de género, amparada por la Ley 5777/16, y el respeto a la libertad de expresión. La CIDH busca entender cómo Paraguay está manejando este delicado equilibrio.
La Comisión también ha pedido información sobre los planes de Paraguay para reglamentar de manera precisa la aplicación de la Ley 5777/16 y establecer procedimientos claros para la solicitud y aplicación de medidas cautelares que puedan afectar la libertad de expresión.
Además, ha mostrado interés en conocer los programas de capacitación para jueces, fiscales, abogados y personal policial en temas de violencia de género, derechos humanos y libertad de expresión.
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La respuesta de la jueza Machuca y del Estado paraguayo a esta solicitud de la CIDH será crucial para evaluar el compromiso del país con la libertad de prensa y su capacidad para equilibrar este derecho fundamental con otras preocupaciones legítimas.
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