Cámara de senadores. Foto: Senado.
El Senado sancionó el proyecto de ley que endurece las penas por el robo de energía eléctrica, en especial cuando este se cometa con fines de criptominería u otras actividades lucrativas. Sin embargo, la versión final aprobada por la Cámara Alta excluyó un artículo del texto original que planteaba una mayor sanción a los funcionarios públicos que se aprovecharan de sus cargos para cometer este delito.
La propuesta, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto, establece penas de hasta 10 años de cárcel por el robo de energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) con fines comerciales, industriales o de otra actividad lucrativa. Además, se dispone que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) deberá asignar la administración de los equipos incautados a la propia ANDE.
Asimismo, se prevé que las multas o los recursos que provengan de la subasta de los bienes comisados serán depositados en una cuenta corriente a nombre de la empresa estatal.
En la versión aprobada por el Senado, los legisladores habían establecido una sanción carcelaria cuando el autor “realizara la conducta con fines comerciales, industriales o alguna otra actividad lucrativa, abusando de su posición de funcionario o aprovechándose del apoyo de un funcionario que abuse de su competencia o de su posición”.
No obstante, en las modificaciones introducidas posteriormente por la Cámara de Diputados, se excluyó a los funcionarios públicos del delito por el robo de energía, una propuesta que fue finalmente respaldada por la bancada de Honor Colorado en el Senado.
Durante el debate en la Cámara Alta, la senadora por Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, advirtió que la Cámara de Diputados “convirtió la propuesta original en una ley especial y eso no puede ser nunca legal”.
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“Esto es inconstitucional. La Cámara de Diputados no tiene la facultad de modificar 100% un proyecto de ley que se inició en la Cámara de Senadores. Este es el nuevo modus operandi del cartismo, donde el proyecto se inicia de una manera y termina convertido en otra cosa en la Cámara de Diputados”, afirmó Paredes.
La legisladora criticó duramente las modificaciones realizadas por la Cámara Baja, al considerar que “suprimieron la causal de agravante cuando son los propios funcionarios los que hagan la sustracción”.
“Le están encubriendo a los funcionarios de la ANDE”, remarcó Paredes, quien junto a la oposición, propugnaba mantener la sanción inicial del Senado.
Por su parte, el senador cartista Natalicio Chase argumentó que en el texto de Diputados se agregaron modificaciones que “le dan un contenido más aplicable” a la propuesta, al hacer una diferenciación en el robo de energía según la actividad.
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Finalmente, la versión aprobada por la Cámara Baja, que excluye la agravante para funcionarios públicos, fue sancionada por el Senado con el respaldo de la mayoría del oficialismo.
Fuente: Última Hora.
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