La senadora Lizarella Valiente. Cámara de Senadores Gentileza
El oficialismo cartista ha desafiado abiertamente al presidente Santiago Peña al aprobar en general una ley de control a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Esta medida, calificada por muchos como “ley mordaza”, ha sido impulsada a pesar de las recomendaciones en contra del Procurador General y las críticas de diversos sectores de la sociedad.
La aprobación de esta legislación se produjo en un momento particularmente delicado, coincidiendo con la cumbre del Mercosur en Asunción. Mientras Peña reafirmaba ante sus pares regionales el compromiso del país con la integración y los valores democráticos, a escasos metros de distancia, en el Senado, se gestaba una decisión que podría socavar estos mismos principios.
Durante un extenso debate de casi seis horas, los senadores cartistas, encabezados por Lizarella Valiente y Gustavo Leite, argumentaron a favor de la ley, centrándose en supuestos vínculos entre algunas ONG y la oposición. Este enfoque dejó al descubierto lo que muchos consideran la verdadera intención detrás de la legislación: limitar el financiamiento de organizaciones críticas al gobierno bajo el pretexto de controlar la influencia extranjera en las políticas públicas.
La discusión en el Senado trascendió el ámbito de las ONG, adentrándose en un terreno aún más delicado: el de los medios de comunicación y la libertad de prensa. Varios legisladores del oficialismo aprovecharon la tribuna para arremeter contra grupos mediáticos, periodistas y activistas, lanzando acusaciones graves que ponen en entredicho la independencia y la integridad de estos actores sociales.
La senadora Lizarella Valiente elevó el tono del debate al presentar material audiovisual que involucraba directamente a figuras prominentes del periodismo y el activismo. Utilizando imágenes de la reconocida periodista Mabel Rehnfeldt, Valiente insinuó vínculos entre comunicadores y organizaciones que, según ella, promueven el aborto y financian actividades contrarias al gobierno. Asimismo, señaló al abogado y activista Leonardo Gómez Berniga, acusándolo sin pruebas concluyentes de participar en actos violentos contra símbolos partidarios y de liderar campañas en contra de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Estas acusaciones, lanzadas en el seno del poder legislativo, han generado preocupación por sus potenciales implicaciones para la libertad de expresión y el derecho a disentir en Paraguay.
La oposición no tardó en reaccionar, advirtiendo sobre los peligros que esta ley representa para la democracia paraguaya. Se señaló que medidas similares han sido implementadas en regímenes considerados autoritarios, como los de Venezuela, Nicaragua y Rusia, lo que ha generado preocupación sobre el rumbo que podría tomar el gobierno de Peña.
La aprobación de esta ley ha puesto de manifiesto las tensiones existentes dentro del oficialismo. El desafío abierto al liderazgo de Peña por parte del sector cartista plantea interrogantes sobre la cohesión del gobierno y su capacidad para mantener una línea política coherente.
El contraste entre el discurso de apertura y fortalecimiento institucional promovido por Peña en el ámbito internacional y las acciones legislativas impulsadas por su propio partido en el plano doméstico no ha pasado desapercibido. Esta contradicción podría tener repercusiones significativas en la imagen del país y en sus relaciones con la comunidad internacional.
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La sociedad civil paraguaya se encuentra ahora ante un panorama incierto. La nueva legislación podría tener un impacto profundo en la capacidad de las ONG para operar libremente y recibir financiamiento del exterior. Esto plantea serios desafíos para la pluralidad de voces y el debate democrático en el país, en un momento en que la participación ciudadana se considera crucial para el desarrollo y la consolidación de las instituciones democráticas.
Fuente: La Política Online
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