Docentes se movilizan en contra de la ley de carrera civil durante la mañana del 4 de julio, en Asunción. Foto: Brian Cáceres, ABC
El Ejecutivo ha decidido modificar el proyecto de ley de la carrera civil, atendiendo a las demandas de los gremios, según informó el senador Derlis Maidana (ANR-HC). Esta decisión busca desactivar las movilizaciones y asegurar un consenso entre todas las partes involucradas.
El senador Maidana, presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara Alta, lideró una mesa de diálogo con representantes del gremio docente para discutir las preocupaciones respecto al proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil. Durante la reunión, se informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) atenderá los reclamos, ajustando la propuesta de ley.
“En cuanto a los derechos laborales, la propuesta final del MEF será una expresa remisión al Código Laboral; no habrá cambios significativos en esta área y se modificará esa parte del proyecto”, explicó Maidana. Además, mencionó que el MEF está preparado para remitir el proyecto final con las modificaciones acordadas en breve, y que se organizará una audiencia pública para socializarlo.
Uno de los puntos clave discutidos fue la evaluación punitiva a docentes. Maidana subrayó que esta no se incluirá en el proyecto, manteniendo el régimen actual de la Ley N° 1.725, que establece el estatuto del educador. El legislador espera que con estos acuerdos se logre la desmovilización de los docentes y apeló a la cordura de los mismos para priorizar el interés de los estudiantes.
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Por su parte, la viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del MEF, Andrea Picaso, destacó los avances en las preocupaciones de los gremios y reiteró que la apertura al diálogo ha sido fundamental para desactivar las protestas.
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Blanca Ávalos, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Sindicato Nacional (OTEP-SN), expresó que los docentes no desean ser incluidos en la carrera civil. Argumentó que ya cuentan con un marco jurídico propio, como las leyes N° 1.626 de la Función Pública y N° 1.725, que regula el estatuto del educador. Ávalos manifestó su preocupación por una posible intromisión del Estado en los sindicatos y la implementación de evaluaciones punitivas, considerándolas un retroceso en los derechos adquiridos.
Fuente: ABC Color
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