La Municipalidad de Asunción se encuentra sumida en una profunda crisis financiera, según se desprende de las recientes declaraciones de funcionarios de alto rango y del informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR) ante el Ministerio Público. El caso involucra el presunto desvío de G. 500.000 millones en bonos que estaban destinados a obras públicas, bajo la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.
Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la CGR, en una entrevista con ABC Cardinal, afirmó que la Municipalidad “gastó en cosas que no debía gastar”. Según el funcionario, los recursos fueron utilizados para gastos corrientes, lo cual contraviene la Ley Orgánica Municipal 3.966/10. Villalba también desmintió las declaraciones del intendente Rodríguez, quien había asegurado que no se le solicitaron las facturas de los gastos, afirmando que “la Contraloría solicitó todo en su forma correcta”.
La Municipalidad de Asunción, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez, utilizó de forma irregular los bonos al destinarlos a gastos que tenía expresamente prohibidos en la Ley Orgánica, aseveró el director de Auditoría Forense de la Contraloría, Leandro Villalba.… pic.twitter.com/CX8kqOhXlw
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) July 5, 2024
La situación se agrava con las declaraciones del propio director Financiero de la comuna, Edwin López, quien en un descargo presentado a la Contraloría admitió “la imposibilidad del crecimiento necesario para afrontar el dinamismo y la evolución de la Capital del país”. López describió un “descalce financiero de graves e impredecibles consecuencias”, particularmente en lo que respecta al nivel de servicios personales.
Frente a esta crisis, la Municipalidad tomó medidas drásticas. Se publicó una lista de 20 contribuyentes cuyas propiedades podrían ir a remate debido a deudas significativas. Entre los deudores más notables se encuentran Centenario SRL, Próvida SA y Planificación Guaraní, con deudas que oscilan entre los G. 323 millones y G. 628 millones. Esta acción es vista como un intento desesperado de la administración por recaudar fondos y aliviar la situación financiera.
Paralelamente, el intendente Rodríguez solicitó a la Junta Municipal la aprobación de un nuevo préstamo por G. 300.000 millones para cubrir un “déficit temporal de caja”. Fuentes municipales indican que Rodríguez estaría presionando para que se convoque una sesión extraordinaria para aprobar urgentemente este préstamo, ante la falta de liquidez para el pago de salarios a fin de mes.
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La oposición en la Junta Municipal mostró una reacción tibia ante el escándalo, con excepción del concejal Álvaro Grau (PPQ). Recientemente, las concejalas Fiorella Forestieri (PLRA) y Jazmín Galeano (PEN) emitieron comunicados instando a una investigación exhaustiva y a la transparencia en la gestión municipal.
Es importante señalar que la crisis actual no se limita a la administración de Rodríguez. El exintendente Mario Ferreiro también enfrenta una causa abierta por el presunto uso indebido de fondos de bonos. La ordenanza de la cuenta única, que Rodríguez utiliza como argumento para justificar el desvío, fue sancionada durante la gestión de Ferreiro, cuando Rodríguez era presidente de la Junta Municipal.
La deuda municipal alcanzó niveles alarmantes, llegando a G. 817 mil millones solo en bonos y G. 857.000 millones en intereses de bonos y préstamos. Esta situación generó preocupación entre los funcionarios municipales, quienes denunciaron descuentos compulsivos y retrasos en el pago de salarios.
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El intendente Óscar Rodríguez tiene programado presentar su informe de gestión del año 2023 este viernes en el Centro Paraguayo Japonés (CPJ), en un evento abierto al público. Fuente: Lía Barrios (ABC Color).
