Delcia Karjallo de González, esposa de Ramón González Daher, tras su declaración ante el Ministerio Público. Foto: Arcenio Acuña
Un grupo de víctimas del esquema de usura liderado por Ramón Mario González Daher ha solicitado intervenir como querella adhesiva en el caso contra la esposa, el hijo y la nuera del condenado a 15 años de cárcel. Los afectados, Ramón Zubizarreta, Natalia Petersen y Ronaldo Ferreira, presentaron una acusación por lavado de dinero, asociación criminal y otros delitos, argumentando que los familiares de González Daher se encargaban de introducir los frutos ilegales de las actividades criminales en sus flujos financieros bancarios.
En su escrito, las víctimas cuestionan que los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Alma Zayas y Néstor Coronel, se hayan centrado únicamente en el lavado de dinero proveniente del delito de usura, lo que consideran una investigación incompleta. Además, resaltan que no solo ellos sufrieron el despojo de sus bienes a causa de los préstamos usurarios, sino también el propio Estado.
Las víctimas recuerdan la persecución judicial a la que fueron sometidas por parte de Ramón González Daher, quien las denunciaba por supuesta estafa cuando en realidad él aplicaba excesivos intereses a los préstamos otorgados. En el juicio que culminó con la condena de González Daher, quedó demostrado que utilizó a fiscales y jueces para perseguir a sus “clientes de usura”.
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El pedido de intervención como querellantes será analizado por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, durante la audiencia preliminar que se convocará una vez admitida la acusación fiscal. Por su parte, los fiscales Zayas y Coronel han presentado acusación contra Delcia Karjallo de González, Fernando González Karjallo y Carolina González, solicitando que vayan a juicio oral por la presunta comisión del delito de lavado de dinero fruto de la usura.
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Además de la acusación, los fiscales piden el comiso especial de los bienes que los acusados compraron con el dinero proveniente del hecho punible, de acuerdo a lo establecido en el artículo 90 del Código Penal. El juzgado de Garantías ha recibido todos los tomos documentales y las pruebas ofrecidas por los agentes fiscales, y una vez culminado el proceso de control, el juez Otazú resolverá si admite la acusación y fijará fecha para analizar el pedido de elevar la causa a juicio.
Fuente: ABC Color
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