Diputado Jorge Ávalos Mariño argumentó los motivos para las modificaciones de la ley. Captura de pantalla
La Cámara de Diputados ha dado un paso significativo en el desarrollo energético del país al sancionar modificaciones a la Ley N° 3.009/2006 de Producción y Transporte Independiente de Energía Eléctrica (PTIEE). Esta decisión busca facilitar la construcción y operación de pequeñas centrales hidroeléctricas en el territorio nacional.
El proyecto de ley, que ahora se encuentra en manos del Poder Ejecutivo para su posible promulgación, introduce cambios en varios artículos de la normativa existente. Estas modificaciones están diseñadas para abordar las deficiencias identificadas en la ley original y proporcionar un marco jurídico más claro y seguro para los inversionistas interesados en el sector.
Según explicó el diputado Jorge Ávalos Mariño, uno de los impulsores de la iniciativa, la ley vigente desde 2006 no ha logrado atraer inversiones significativas en la generación y transmisión de energía hidroeléctrica. Las enmiendas propuestas buscan cambiar esta situación, otorgando mayor viabilidad a los proyectos de inversión en el sector energético.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la diferenciación clara de las inversiones que serán autorizadas a operar mediante licencias otorgadas por licitación pública internacional. Además, se han ampliado las exigencias para los transportadores de electricidad, quienes deberán asumir los gastos administrativos y legales relacionados con expropiaciones, así como las obras de mitigación y protección ambiental.
Un aspecto destacado de la nueva legislación es la disposición que obliga a destinar ciertos recursos percibidos a la gestión, protección y conservación de los recursos hídricos. Esta medida busca garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos hidroeléctricos.
En cuanto a la resolución de conflictos, la ley establece que las disputas que no puedan ser resueltas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Minas y Energía, serán sometidas a la competencia de los tribunales civiles y comerciales de la capital paraguaya.
Con la sanción de estas modificaciones, se espera que Paraguay pueda diversificar su matriz energética y aprovechar de manera más eficiente sus recursos hídricos. La ley busca crear un entorno más favorable para la inversión en pequeñas centrales hidroeléctricas, lo que podría contribuir al desarrollo económico y la sostenibilidad energética del país.
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Ahora, la atención se centra en la respuesta del Poder Ejecutivo, que deberá decidir si promulga la ley o la veta. La decisión tendrá un impacto significativo en el futuro del sector energético paraguayo y en las posibilidades de desarrollo de proyectos hidroeléctricos de menor escala en el país.
Fuente: ABC Color
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