Una ola de protestas se desató en el sector educativo ante la inminente implementación del proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil. Los sindicatos docentes, representados por la Unión Nacional de Educadores, convocaron a una huelga de dos días y movilizaciones en Asunción como medida de presión para ser excluidos de esta nueva normativa.
Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores, expresó en una entrevista con ABC Cardinal las principales objeciones al proyecto de ley. Según Resquín, la nueva legislación vulneraría varios derechos laborales de los docentes, establecería evaluaciones de carácter punitivo y limitaría el derecho a la protesta y la huelga.
#Lpm730 Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores, explicó las objeciones de los sindicatos de docentes al proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil, del que exigen ser excluidos.
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— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) July 4, 2024
Los educadores argumentan que ya cuentan con una ley específica que regula su profesión, la Ley 1.725 o Estatuto del Educador. Esta normativa, según los sindicatos, ya establece sistemas de evaluación que incluyen concursos públicos de oposición, diseñados para contrarrestar la injerencia política partidaria en el sector educativo.
Por su parte, el Gobierno, a través del ministro de Educación Luis Ramírez, sostuvo que la Constitución Nacional ya excluye a los educadores de la carrera civil. El objetivo del Ejecutivo, según Ramírez, es llegar a un acuerdo sobre los aspectos específicos de la carrera docente, como los procesos de ingreso, permanencia y promoción.
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Un punto de particular preocupación para los sindicatos es la posible limitación del derecho a la protesta. Aunque Resquín afirmó que no está en la agenda sindical suspender servicios públicos como la educación mediante huelgas, sostuvo que estas acciones son necesarias para llamar la atención sobre la falta de inversión en el sector educativo. Según datos citados por Resquín, Paraguay invierte apenas un 3,4% de su producto interno bruto en educación, menos de la mitad del mínimo recomendado por organismos internacionales.
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La formación y capacitación de los docentes es presentada por los sindicatos como una estrategia clave para contrarrestar la injerencia política en la educación. Resquín argumentó que, en lugar de implementar leyes de carácter represivo, se debería invertir en la capacitación docente para fomentar la independencia pedagógica y el pensamiento crítico entre los educadores.
Fuente: ABC.
