Una controversia surgió en torno a la gestión financiera de la Municipalidad de Asunción, encabezada por el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, tras la presentación de una supuesta reglamentación que justificaría el desvío de G. 500.000 millones obtenidos a través de bonos municipales. El documento en cuestión, presentado ante la Contraloría General de la República, fue objeto de escrutinio por su ausencia en los prospectos oficiales de emisión de bonos y en los informes de calificación correspondientes.
La reglamentación en disputa, identificada como la resolución 2424/2019, supuestamente permitiría el uso de fondos obtenidos mediante bonos, originalmente destinados a obras públicas, para cubrir gastos corrientes del municipio. Esta práctica iría en contra de lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, generando dudas sobre la legalidad y transparencia de las operaciones financieras de la intendencia.
Un análisis detallado de los prospectos de emisión de los bonos G6 (2020), G7 (2021), G8 (2022) y G9 (2023), emitidos durante la gestión de Rodríguez, revela la ausencia de cualquier mención a la resolución 2424/2019 o a una reglamentación que permita el desvío de fondos de su propósito original. Estos documentos, fundamentales para los inversores y el público general, solo hacen referencia a la ordenanza 175/18, que establece la Cuenta Única del tesoro municipal, sin mencionar disposiciones adicionales que modifiquen el uso de los recursos obtenidos.
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La situación se complica aún más al considerar que los informes de la calificadora Solventa & Riskmétrica, elaborados previamente a las emisiones de cada bono, tampoco mencionan la existencia de una reglamentación que autorice el uso alternativo de los fondos. Estos informes son cruciales para la toma de decisiones de los potenciales compradores de bonos, y la omisión de información relevante podría considerarse una falta grave en términos de transparencia financiera.
La autenticidad del documento presentado por Rodríguez fue puesta en duda no solo por su ausencia en los registros oficiales, sino también por declaraciones previas del propio intendente. En un informe remitido a la Contraloría General de la República en 2020, Rodríguez habría indicado que no existía ninguna reglamentación de la cuenta única municipal, contradiciendo así la existencia del documento que ahora presenta con fecha de 2019.
Ante esta situación, la diputada Johanna Ortega solicitó explicaciones detalladas al intendente Rodríguez. Su pedido de informe incluye la solicitud de las resoluciones municipales 2423/19 y 2425/19, que corresponderían a las emitidas inmediatamente antes y después de la resolución en cuestión. Además, Ortega requirió información sobre el destino final de los fondos obtenidos mediante bonos, incluyendo detalles de las cuentas bancarias creadas y las transferencias realizadas.
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Por su parte, Joshua Abreu, superintendente de Valores del Banco Central del Paraguay, señaló que la entidad no tiene la potestad de amonestar o sumariar a la comuna capitalina por haber cambiado el destino de los fondos de los bonos. Sin embargo, la Superintendencia de Valores emitió una circular advirtiendo que cualquier cambio en el destino de los bonos debe ser informado oportunamente a la superintendencia, a las calificadoras y al público inversor.
Fuente: ABC.
