Montserrat Alliana, junto a su padre, el vicepresidente Pedro Alliana. Foto: Gentileza.
La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía ha solicitado a la justicia desestimar la denuncia presentada contra varios hijos de parlamentarios y funcionarios de alto rango, entre ellos Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana.
Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce y Francisco Cabrera presentaron el pedido de desestimación este lunes, argumentando falta de mérito en las acusaciones. La denuncia original, presentada por la abogada Teresa Flecha, se centraba inicialmente en el senador Silvio Beto Ovelar por supuesta administración en provecho propio, relacionada con la situación de su hijo Alejandro Ovelar en la Cámara de Diputados.
El alcance de la investigación se había ampliado para incluir a varios políticos prominentes y sus familiares. Entre los investigados se encontraban el vicepresidente Alliana, los senadores Édgar López y Líder Amarilla, y los diputados Roya Torres, José Adorno, Benjamín Cantero, Alejo Ríos y Raúl Latorre. La lista de familiares bajo escrutinio incluía a los hijos de Roya Torres, José Domingo Adorno Mazacotte, Benjamín Cantero Ramírez y Cleto Marcelino Giménez.
La solicitud de desestimación abarca a todos los implicados, incluyendo a Alejandro de Jesús Ovelar, Silvana Adorno, Silvia Vega, Neyde Amarilla, Vidalia Franco, Andrea Paredes y Élida Ríos. Esta decisión, si es aceptada por el juez, pondría fin a una investigación que ha generado considerable controversia en la sociedad.
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El caso ha reavivado el debate sobre el nepotismo y los privilegios en la política. Críticos argumentan que la contratación de familiares de políticos en cargos públicos socava la meritocracia y la transparencia en el gobierno. Por otro lado, defensores de los implicados sostienen que no hay ilegalidad en estas contrataciones si se cumplen los requisitos establecidos.
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La decisión final sobre la desestimación de la denuncia recae ahora en manos del juez asignado al caso. Independientemente del resultado, este episodio subraya la necesidad de un debate más amplio sobre ética pública y regulaciones más estrictas para prevenir conflictos de interés en la administración estatal.
Fuente: Última Hora
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