Una oscura maniobra orquestada por el oficialismo en el Senado ha sepultado la esperanza de una mayor transparencia en la gestión pública. En la víspera, el pleno de la cámara alta aceptó el veto parcial del presidente Santiago Peña a la ley N° 7257, pero no logró reunir los votos necesarios para sancionar la parte no objetada, sellando así el destino de esta norma que buscaba ampliar el acceso a la información pública y la transparencia gubernamental.
La ley N° 7257, una extensión de la Ley N° 5282/2014, tenía como objetivo obligar al Estado a mantener actualizada y disponible para el público, de manera constante, la información pública en formato de datos abiertos y procesables. Sin embargo, el expediente ahora retorna a la Cámara de Diputados en un mero trámite formal, confirmando su deceso en los pasillos del Senado.
#Punto9 Por el cual se Objeta Parcialmente el Proyecto de Ley N° 7257/2024 “Que modifica los artículos 8º y 10, y amplía la Ley N° 5.282/2014 “De libre acceso al Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”, en estudio. pic.twitter.com/oOgjxEjQVw
— SenadoPy (@SenadoresPy) June 26, 2024
De haberse promulgado, esta norma habría permitido a los ciudadanos acceder a datos cruciales, como los nombres de los beneficiarios de tierras públicas, rurales o urbanas, las transacciones diarias del billetaje electrónico, los detalles de los subsidios otorgados a transportistas, los contratos de obras públicas y los pormenores de las reuniones del Consejo de Ministros. Además, habría abierto las puertas para indagar en las actas de la Comisión de Salarios Mínimos, los regímenes de fomento y promoción, y los datos del observatorio de combustibles.
La decisión del Senado de dar la espalda a esta iniciativa de transparencia ha generado indignación entre la ciudadanía y los defensores del derecho a la información. Se trata de un duro revés para quienes anhelan una gestión pública más abierta y responsable, donde los ciudadanos puedan ejercer un control efectivo sobre el uso de los recursos estatales y las decisiones que afectan a toda la sociedad.
En medio de esta controversial sesión, el Senado también abordó otros temas de interés público. A solicitud del senador Salyn Buzarquis (PLRA), se acordó tratar en la próxima sesión un proyecto de ley que busca regular el trabajo de los reclusos en las penitenciarías. Asimismo, el entrante titular de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez (ANR, HC), confirmó la contratación del exsenador Sergio Godoy como asesor jurídico.
Por otra parte, el pleno decidió rechazar el proyecto de ley que proponía establecer el 14 de septiembre como Día del Ingeniero Comercial, presentado por el entonces senador Martín Arévalo (ANR, HC). La senadora Blanca Ovelar (ANR) argumentó que dicha “ingeniería” es una falacia.
Además, se rechazó el proyecto que buscaba instaurar la enseñanza del cambio climático en todo el sistema educativo paraguayo, impulsado por el exsenador Blas Llano (PLRA), alegando que no se puede interferir con el Ministerio de Educación y Ciencia por ley, pero se instará a su inclusión mediante una resolución declarativa.
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La muerte de la ley N° 7257 en el Senado deja un sabor amargo en la boca de quienes anhelan una democracia más transparente y participativa. Es un llamado de atención sobre la necesidad de seguir luchando por el acceso a la información pública y la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Solo con una ciudadanía informada y vigilante se podrá construir un Paraguay más justo y equitativo para todos.
Fuente: ABC Color
