Colisión que provocó la muerte de Santiago Llano. Foto: ABC.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tomó la decisión de archivar el caso contra la fiscala Zulma Carolina Benítez y la jueza Silvia Carolina Cáceres, quienes están a cargo de la investigación sobre la muerte de Santiago Llano, hijo del exsenador Blas Llano. Esta resolución fue adoptada durante una sesión ordinaria del órgano, donde se evaluó la posibilidad de abrir una investigación preliminar o iniciar un proceso de enjuiciamiento.
La decisión del JEM se basó en el análisis de supuestas irregularidades señaladas en una publicación periodística titulada “Hijo de Llano: Camionero denunciará a fiscala y a jueza por imputación apresurada”. Estas acusaciones fueron presentadas por el abogado Daniel Figueredo, quien cuestionó la celeridad y falta de fundamentación en la imputación por parte de la fiscala, así como la imposición de una caución real de G. 500 millones por parte de la jueza.
Enrique Berni, miembro preopinante del Jurado, argumentó que las acciones atribuidas a las funcionarias judiciales no constituían irregularidades, ya que encontraban sustento en el ejercicio de la acción pública. Berni concluyó que el caso no cumplía con los requisitos formales ni fácticos para activar una investigación oficiosa, según lo establecido en el artículo 18 de la ley que regula el procedimiento para enjuiciar a jueces y fiscales.
La mayoría de los miembros del JEM, incluyendo representantes del Senado, la Cámara de Diputados, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, respaldaron la posición de Berni, resultando en el archivo del caso. Sin embargo, es importante destacar que esta decisión no fue unánime.
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El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Cándia, votó a favor de abrir una investigación preliminar. Ramírez argumentó que el caso cumplía con los requisitos del artículo 18 de la Ley N° 6814/2021, considerándolo grave y de interés público. El ministro enfatizó la necesidad de examinar los elementos que la fiscala consideró relevantes para la imputación y la razonabilidad de la caución impuesta.
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Por su parte, el ministro César Garay Zuccolillo, quien votó por el archivo, sostuvo que los cuestionamientos presentados eran de orden procedimental y debían ser dirimidos en la esfera jurisdiccional ante un tribunal de rango superior. Garay señaló que la intervención del JEM en esta etapa era prematura y que las objeciones sobre la imputación debían ser planteadas ante el juzgado o el Tribunal de Apelación correspondiente.
Fuente: ABC.
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