Política

Controversia en torno a la candidatura de Diego Moreno a la CIDH divide opiniones

La postulación de Diego Moreno a la CIDH desata polémica en Paraguay. Expertos dudan de su independencia, mientras defensores argumentan que está sobrecalificado. Debate refleja tensiones constitucionales.

El candidato paraguayo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período 2025-2030, Diego Moreno. Gentileza/Ministerio de Relaciones Exteriores

La postulación del jurista paraguayo Diego Moreno para el cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha generado un intenso debate en el país. Mientras un panel independiente de expertos cuestiona su idoneidad, voces locales defienden fervientemente su candidatura, argumentando que está sobrecalificado para el puesto.

El abogado Roberto Marcial González ha salido en defensa de Moreno, describiéndolo como el jurista mejor formado en la actualidad en Paraguay. González sostiene que la candidatura de Moreno representa una oportunidad única para que el país ocupe un espacio relevante en la corte internacional. Sin embargo, esta posición contrasta con la evaluación del panel de expertos, que ha expresado dudas sobre la independencia y experiencia de Moreno en materia de derechos humanos.

La controversia se intensifica debido a los vínculos familiares de Moreno, quien es hermano del asesor jurídico de la Presidencia y cuñado del ministro de Economía. Estos lazos han llevado a algunos a cuestionar la imparcialidad del candidato, mientras que sus defensores argumentan que su formación y compromiso lo colocan por encima de tales preocupaciones.

González ha criticado duramente al comité de expertos, cuestionando su legitimidad democrática y sugiriendo que su evaluación podría estar influenciada por una mentalidad colonialista. Esta crítica refleja una tensión más amplia entre las perspectivas nacionales y supranacionales en materia de derechos humanos y soberanía constitucional.

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Un punto central del debate es la relación entre la Constitución paraguaya y las decisiones de la Corte Interamericana. González argumenta que la Constitución nacional debe prevalecer, afirmando que la última palabra constitucional la tiene el Paraguay. Esta postura subraya la importancia de la soberanía nacional en asuntos constitucionales, pero también plantea interrogantes sobre la interacción entre los sistemas jurídicos nacionales y las instituciones internacionales de derechos humanos.

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La controversia en torno a la candidatura de Moreno pone de manifiesto cuestiones más amplias sobre los procesos de selección para cargos en organismos internacionales y el equilibrio entre la evaluación objetiva y las realidades políticas. González sugiere que países con mayor peso geopolítico tienen una influencia desproporcionada en estos procesos, lo que podría perjudicar a naciones más pequeñas como Paraguay. Este debate subraya la necesidad de un diálogo continuo sobre cómo garantizar tanto la independencia como la representatividad en instituciones cruciales para la protección de los derechos humanos en la región.

Fuente: ABC Color