Golpe militar en Bolivia. Foto: X S.L. Kanthan.
Un evento de gran magnitud sacudió la capital boliviana este miércoles, cuando tropas militares, encabezadas por el recientemente removido comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, tomaron control de la Plaza Murillo en La Paz y posteriormente ingresaron a la sede del Gobierno, conocida como el Palacio Quemado.
En medio de la conmoción, el general Zúñiga ofreció unas breves declaraciones a los medios presentes, expresando: “Vamos a recuperar esta Patria”. Esta frase, cargada de implicaciones políticas, fue seguida por manifestaciones de descontento hacia el gobierno actual: “Basta de empobrecer a nuestra Patria, basta de humillar a los militares. Hemos venido a expresar nuestra molestia”.
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La situación escaló rápidamente cuando, minutos después de estas declaraciones, una tanqueta militar fue utilizada para forzar una de las puertas de entrada al Palacio Quemado, permitiendo el ingreso de las tropas al edificio gubernamental. Este acto fue interpretado por muchos observadores como un intento de toma del poder por la fuerza.
Frente a estos acontecimientos, el presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció públicamente lo que describe como “movimientos irregulares” relacionados con la presencia militar en la plaza central de La Paz. Esta declaración sugiere que las acciones militares no cuentan con el respaldo o la autorización del gobierno legítimamente constituido.
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La toma de la Plaza Murillo y del Palacio Quemado generó una ola de preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Analistas políticos y observadores de derechos humanos expresaron su inquietud por las implicaciones que estos eventos podrían tener para la estabilidad democrática y la gobernabilidad de Bolivia.
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