Un escándalo financiero de proporciones significativas fue develado en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal de Paraguay. Una auditoría especial interna, ordenada tras un sospechoso incendio ocurrido el 16 de mayo, puso al descubierto un perjuicio patrimonial que asciende a la astronómica suma de G. 6.594.510.101.
Venancio Díaz Escobar, actual presidente de la institución, confirmó que la investigación se centró específicamente en el Área de Devolución de Aportes. Esta decisión fue tomada como respuesta directa al incidente del incendio, que afectó documentación crítica almacenada en las oficinas de Administración Financiera, Archivo y Talento Humano.
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Los hallazgos de la auditoría revelaron un patrón alarmante de irregularidades financieras. Se detectaron casos de duplicación, triplicación y hasta cuadruplicación de cheques de pago en concepto de devolución de aportes. Más preocupante aún es el descubrimiento de que varios de estos cheques fueron librados y cobrados de manera irregular por autoridades administrativas del Área de Administración y Finanzas, así como por funcionarios del Departamento de Tesorería.
La gravedad de la situación llevó a la ampliación de una denuncia previa ante el Ministerio Público. El abogado Luis Napoleón Bareiro Duarte, representando a la Caja, presentó una denuncia formal que nombra a varios individuos como responsables. Entre los acusados se encuentran el extitular de la Caja, Bernabé Peralta Antúnez, y varios funcionarios clave, incluyendo a Fernando Kiessel Bejarano, quien ya se encuentra detenido por su presunta relación con el incendio.
Las imputaciones contra estos individuos incluyen cargos por apropiación, producción de documentos no auténticos y lesión de confianza. La investigación reveló que la mayoría de los cheques irregulares fueron librados bajo la autorización conjunta del expresidente del Consejo de Administración, la exdirectora de Administración y Finanzas, y la extesorera.
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Un aspecto particularmente inquietante del caso es la sospecha de que el incendio del 16 de mayo no fue un accidente, sino un intento deliberado de destruir evidencia. Esta teoría cobra fuerza considerando que el fuego se produjo en un momento en que la Contraloría General estaba iniciando una auditoría sobre las finanzas de la entidad y los manejos poco claros en la concesión de créditos de alta cuantía que no fueron reembolsados.
Fuente: Última Hora.
