Asunción se encuentra sumida en una profunda crisis financiera, según se desprende del último informe de balance de la Municipalidad de Asunción. Los datos, correspondientes al periodo de enero a abril de 2024, revelan un pasivo que se aproxima a los G. 2,5 billones, cifra que encendió las alarmas entre los ciudadanos y las autoridades locales.
El impacto de esta deuda colosal se hace evidente al considerar que, si se distribuyera equitativamente entre los 521.091 habitantes de la capital, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cada asunceno estaría cargando con un pasivo de aproximadamente G. 4.721.175. La situación se torna aún más preocupante si se tiene en cuenta que, de acuerdo con declaraciones del intendente Óscar Rodríguez, solo alrededor de 220.000 contribuyentes se encuentran al día con sus obligaciones fiscales.
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Un análisis más detallado del informe financiero municipal revela que las deudas corrientes, es decir, aquellas que deben ser saldadas a corto plazo, ascienden a G. 465.324 millones. Dentro de este monto, se destaca la existencia de bonos pendientes de pago correspondientes al grupo G5, emitidos durante la administración del ex intendente Mario Ferreiro, por un valor de G. 12.500 millones. Además, se registra una deuda por concepto de sueldos y jornales que alcanza los G. 3.205 millones.
La situación se agrava considerablemente al examinar las obligaciones a largo plazo, las cuales se elevan a casi G. 2 billones. En este rubro, sobresale la deuda por emisión de bonos, que asciende a G. 817.500 millones, distribuidos entre los grupos G5, G6, G7, G8 y G9. Estas cifras generaron una creciente preocupación entre los ciudadanos, quienes temen un posible aumento en la carga impositiva como medida para afrontar el déficit.
El concejal Humberto Blasco, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), manifestó su inquietud ante la magnitud de la crisis, señalando la existencia de un déficit presupuestario superior al 35%. Durante la última sesión de la Junta Municipal, se aprobó convocar al intendente y su equipo técnico para abordar la problemática de los faltantes de créditos destinados a obras públicas y establecer un mecanismo de reuniones periódicas para tratar la crisis financiera del municipio.
La falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos fue objeto de fuertes críticas por parte de diversos sectores. El concejal Álvaro Grau, del Partido Queremos (PQ), cuestionó la ausencia de información clara sobre la ejecución de los créditos obtenidos y el destino de los fondos que no figuran en el balance. Grau señaló discrepancias significativas entre los montos que deberían estar disponibles y los saldos reales en las cuentas bancarias municipales.
Un aspecto particularmente controvertido de la situación financiera municipal es el manejo de los fondos provenientes de la emisión de bonos. Según los registros, hasta abril de 2024, el saldo de bonos en caja ascendía a apenas G. 1.495 millones, a pesar de haberse emitido un total de siete bonos y de que numerosas obras proyectadas no fueron ejecutadas. Este desajuste entre los fondos captados y las obras realizadas generaron sospechas y demandas de una investigación exhaustiva.
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La emisión G7, por un monto de G. 200.000 millones, fue objeto de especial escrutinio. Esta captación de fondos tuvo lugar durante la gestión de Wilfrido Cáceres como director de Administración y Finanzas de la Municipalidad, quien actualmente se encuentra procesado por presunto enriquecimiento ilícito. De esta emisión, no se concretaron proyectos significativos como la segunda fase de modernización de la Estación de Buses y el mirador Itá Pytã Punta, lo que intensificó los cuestionamientos sobre el destino real de los recursos obtenidos.
Fuente: Última Hora.
