Las gobernaciones de Caazapá, Paraguarí y Cordillera establecieron requisitos inusuales y potencialmente restrictivos en sus pliegos de bases y condiciones para la implementación del programa Hambre Cero. Entre estos, destacó la exigencia de que los oferentes cuenten con un sistema de gestión de calidad ambiental certificado bajo normas como ISO 14000, BRC, TUV o similares, acreditadas por el Conacyt/ONA.
Este requerimiento llamó la atención de potenciales oferentes y observadores, quienes lo consideran no solo inusual sino también sugestivo, ya que podría limitar significativamente la participación en las licitaciones. La solicitud de estas certificaciones específicas generó preocupaciones sobre un posible direccionamiento de las convocatorias hacia ciertos proveedores.
Varios interesados en participar plantearon consultas a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) respecto a este requisito, clasificado bajo el criterio de “innovación”. Sin embargo, hasta el momento, las unidades operativas de contrataciones de las mencionadas gobernaciones no proporcionaron respuestas a estas inquietudes.
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Una de las consultas realizadas cuestiona la legalidad y equidad de este requisito, argumentando que no es una obligación legal para los proveedores del rubro de alimentación contar con esta certificación. Se señala que aquellos que poseen dicha certificación obtendrían una ventaja arbitraria, lo que podría interpretarse como un claro direccionamiento del proceso licitatorio.
Otro aspecto que generó dudas entre los potenciales oferentes es la ponderación asignada a esta certificación en la evaluación de las propuestas. En el caso de Caazapá, por ejemplo, la certificación ambiental tiene una incidencia del 18% en la evaluación total, superando el 15% asignado a la mejor propuesta económica.
Los contratos en juego son de considerable magnitud: Paraguarí por G. 34.000 millones, Caazapá por G. 83.327 millones y Cordillera por G. 18.198 millones, con un período de vigencia de agosto de 2024 a julio de 2027. La importancia de estos montos subraya la relevancia de garantizar un proceso licitatorio transparente y equitativo.
Es notable que este requisito de certificación ambiental no figure en el pliego de bases y condiciones del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), cuya ejecución contractual es significativamente mayor. El MDS será responsable de implementar el programa en los departamentos de Presidente Hayes y Central, además de Asunción, con un presupuesto global de G. 2,8 billones (aproximadamente USD 372 millones) para el período de agosto de 2024 a julio de 2027.
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Adicionalmente, se identificaron irregularidades en el proceso licitatorio del MDS. Se observó una aparente publicación tardía de la ampliación del plazo de consultas. Mientras que el llamado a licitación (ID 450.421) se publicó el 31 de mayo de 2024, estableciendo el 14 de junio como fecha límite para consultas, una adenda publicada el 17 de junio a las 22:31 extendió este plazo al mismo 17 de junio. Esta modificación, realizada fuera de horario hábil y después de la fecha límite original, generó dudas sobre la transparencia y equidad del proceso.
Fuente: ABC.
