El exdirector del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Manuel Gubetich Mojoli, y su cónyuge, María Rosa Araújo, fueron procesados por presunta estafa y lavado de dinero. La decisión fue tomada por el juez de Garantías Osmar Legal, quien admitió la imputación presentada por el fiscal Marcial Machado.
Los cargos se relacionan con la supuesta venta fraudulenta de cuatro propiedades al cirujano plástico Eustacio Rojas Alegretti por un monto total de USD 2.358.000. Según la fiscalía, estas transacciones se realizaron entre octubre y noviembre de 2021, con el aparente propósito de financiar la campaña política de Gubetich para las Elecciones Generales 2023, en las que aspiraba a obtener una banca en el Senado.
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La gravedad de las acusaciones radica en que, presuntamente, ninguno de los inmuebles fue efectivamente transferido al comprador. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, las propiedades ya habían sido vendidas previamente, estaban hipotecadas o tenían usufructo vitalicio, lo que imposibilitaba su venta.
Las transacciones bajo escrutinio incluyen dos departamentos en el complejo “Aqua Village” de Altos, vendidos por USD 600.000 y USD 780.000 respectivamente. También se menciona una propiedad en el Condominio Cerrado “Montecillo” en Asunción, comercializada por USD 734.000, y una unidad en un complejo turístico en Florianópolis, Brasil, por USD 100.000.
La Fiscalía detalla irregularidades en cada una de estas ventas. Por ejemplo, el primer departamento resultó estar hipotecado a favor de la empresa Ambay S.A. por USD 384.500. El segundo fue transferido a la firma Plus Mandatos S.A. antes del vencimiento del último pagaré firmado por el comprador. La propiedad en Asunción tenía un usufructo vitalicio a favor del padre de María Rosa Araújo, mientras que el inmueble en Brasil ya no pertenecía al matrimonio al momento de la venta.
Estas revelaciones pusieron en tela de juicio la integridad del exfuncionario público y su esposa. La acusación sugiere un elaborado esquema para obtener fondos de manera fraudulenta, aprovechando la confianza del comprador y utilizando propiedades que no estaban en condiciones de ser vendidas.
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La audiencia para la imposición de medidas está programada para el martes 2 de julio a las 10:00. Se espera que en esta instancia se determinen las condiciones bajo las cuales los acusados enfrentarán el proceso judicial, considerando la gravedad de los cargos y la cuantía de la supuesta estafa.
Fuente: ABC.
