Óscar “Nenecho” Rodríguez, intendente de Asunción. Foto: epa.com.py
El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, se encuentra en una encrucijada legal y política debido a su reticencia a responder sobre el destino de los G. 500.000 millones provenientes de los bonos municipales. A pesar de haber dejado pasar el plazo autoimpuesto y el establecido por la Cámara de Diputados, el mandatario comunal aún no ha brindado las aclaraciones solicitadas.
Esta situación ha llevado a que abogados como Ezequiel Santagada, promotor de acciones judiciales contra la administración de Rodríguez, soliciten la misma información requerida por la Cámara Baja. Santagada sostiene que, dada la mayoría afín al movimiento político del intendente en dicho cuerpo legislativo, es improbable que se tomen medidas contundentes como una interpelación.
Sin embargo, el letrado advierte que el desenlace de este caso podría encontrarse en manos de la Justicia. Si Rodríguez no cumple con las órdenes judiciales emitidas por el concejal Grau y el propio Santagada antes del 8 de julio, se expondría a un proceso por desacato especial, el cual conlleva sanciones como 300 días multa y una suspensión en la función pública de hasta dos años.
Aunque en un escenario ideal esta situación podría derivar en la pérdida del cargo por parte de Nenecho, el abogado Santagada reconoce que, considerando los tiempos reales de la Justicia, es improbable que el caso se resuelva antes de 2026, cuando el periodo del intendente esté llegando a su fin. No obstante, una eventual condena por desacato podría obstaculizar futuras aspiraciones políticas del mandatario comunal.
La renuencia de Rodríguez a presentar los documentos solicitados parece obedecer al temor de que estos revelen un manejo cuestionable de los recursos provenientes de los bonos municipales. Mientras tanto, la ciudadanía asuncena aguarda con expectativa el desenlace de este intrincado caso, que podría tener un impacto significativo en el futuro político de quien hoy ostenta la titularidad del Palacete Municipal.
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La Contraloría General de la República también juega un papel crucial en este escenario, ya que se espera su dictamen sobre la utilización de los fondos de los bonos.
Este pronunciamiento, aunque demore un tiempo prudencial, podría derivar en una denuncia ante el Ministerio Público, añadiendo así otra arista a la compleja situación que enfrenta el jefe comunal asunceno.
Fuente: ABC Color
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