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¿Monopolio municipal en control de plagas? CONACOM investiga

La Comisión Nacional de la Competencia indaga sobre posibles conductas anticompetitivas de los municipios en el sector de fumigación.

Fumigador municipal, sin las normas básicas de seguridad.

La Cámara Paraguaya de Controladores de Plagas ha denunciado ante la CONACOM las presuntas prácticas monopólicas y restrictivas de la libre competencia por parte de diversos municipios del país en el ámbito del control de plagas. Arsenio Benítez, miembro de la mencionada cámara, en diálogo con RDN, expresó su preocupación por la situación que enfrentan las empresas del rubro frente a las normativas municipales.

Para dimensionar el negocio detrás de esta práctica, la Municipalidad de Asunción recaudó en el 2022 la suma de G. 4.107.000 millones a través de la ordenanza 100/3 de carácter obligatoria para los comercios.

La Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) ha emitido una contundente opinión sobre la regulación vigente en el sector de desinfección, desinsectación y desratización (control de plagas urbanas), alertando sobre la existencia de una preocupante superposición de normativas nacionales y municipales que estarían limitando la libre competencia en este ámbito.

Tras un exhaustivo proceso de abogacía, el organismo ha constatado que, mientras el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Salud Ambiental, se encarga de habilitar a las empresas para la prestación de servicios de control de plagas urbanas a nivel nacional, diversas normativas municipales estarían estableciendo requisitos adicionales que restringen la participación de agentes del mercado.

Opinión del Directorio de la CONACOM

Se han identificado tres modelos regulatorios a nivel municipal: la prestación por medio de funcionarios municipales, la prestación por medio de concesionarios exclusivos y la prestación por medio del cobro de una tasa a empresas registradas en el municipio. Estas disposiciones estarían limitando la cantidad de entidades que pueden prestar servicios en los municipios, reduciendo así las opciones disponibles para los clientes y coartando la capacidad de competir de las empresas habilitadas a nivel nacional.

El ente regulador de la competencia ha señalado que, existiendo una regulación para la obtención de una habilitación nacional, la misma debería ser suficiente para poder prestar servicios en todo el país, a menos que existan motivos fundados en los principios de necesidad, proporcionalidad y neutralidad que justifiquen la imposición de regulaciones adicionales por parte de las municipalidades. Sin embargo, los datos recabados por la CONACOM no evidencian la existencia de justificaciones válidas para dichas restricciones.

No obstante, la entidad ha reconocido que un cambio de paradigma en el sector podría requerir una reforma integral que evalúe cómo cubrir o mejorar el aprovechamiento de los recursos municipales ante eventuales reducciones en las recaudaciones que podrían derivarse de una apertura del mercado.

En su análisis de los modelos regulatorios municipales, la CONACOM ha observado que tanto la prestación de servicios mediante funcionarios municipales como la prestación mediante concesionarios exclusivos desincentivan la competencia y limitan las alternativas de los consumidores al no reconocer las certificaciones de tareas realizadas por otras empresas habilitadas.

Además, ha subrayado que el modelo de concesionarios debe estar acompañado por un proceso competitivo previo a la adjudicación de los derechos y que la fijación de montos a pagar por el servicio antes de la adjudicación impediría aprovechar las eficiencias que puede ofrecer el participante privado.

En cuanto al modelo de prestación mediante empresas habilitadas a nivel municipal, la CONACOM ha advertido que los requisitos exigidos no deben restringir injustificadamente la competencia, poniendo especial énfasis en la exigencia de domicilio en el municipio, que impide que los servicios sean prestados desde un centro de operaciones nacional o regional.

Ante este panorama, la Comisión ha formulado una serie de recomendaciones. Al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social le ha instado a evaluar las normativas vigentes y promover medidas que fomenten una consistencia normativa a nivel nacional, promoviendo la participación de agentes del mercado.

A los Poderes Ejecutivo y Legislativo les ha exhortado a formular las modificaciones normativas necesarias para lograr dicha consistencia, sin descuidar los objetivos de salud ambiental ni restringir injustificadamente la competencia. Y a las municipalidades les ha llamado a evaluar sus modelos regulatorios y promover medidas procompetitivas que faciliten el funcionamiento eficiente del sector.

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La opinión de la CONACOM, comunicada a diversas instancias gubernamentales y municipales, sienta un importante precedente en la defensa de la libre competencia en el sector de control de plagas urbanas.