Un paso significativo hacia la resolución de un conflicto territorial de larga data fue dado este viernes cuando los intendentes de Ciudad del Este y Presidente Franco se reunieron para iniciar un diálogo sobre los límites disputados entre ambos municipios. Miguel Prieto Vallejos, de Ciudad del Este, y Roque Godoy Jara, de Presidente Franco, expresaron su disposición para alcanzar un acuerdo que ponga fin a una controversia que se remonta a 1979.
La disputa, que involucra aproximadamente 500 hectáreas de terreno y representa una recaudación anual estimada en G. 5.000 millones, fue un punto de tensión entre las dos ciudades más pobladas del departamento de Alto Paraná. El encuentro, que tuvo lugar en la Municipalidad de Ciudad del Este, fue calificado por ambas partes como un paso positivo hacia la resolución del conflicto.
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La iniciativa para esta reunión fue impulsada por el diputado Walter García, quien presentó una propuesta ante la Cámara de Diputados para la formación de una mesa interinstitucional. Esta mesa, según la diputada Roya Torres, incluirá representantes del Servicio Nacional de Catastro, la Dirección de Servicio Geográfico Militar, la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara Baja, además de las municipalidades involucradas.
Como parte del proceso de resolución, se anunció que una comitiva realizará un recorrido de 10 kilómetros por el área en disputa. Este ejercicio, según el diputado Luis González Vaesken, tiene como objetivo despejar cualquier duda sobre el territorio en cuestión. Las autoridades municipales acordaron delimitar conjuntamente el territorio y presentar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para su aprobación.
El origen de este conflicto se remonta a 1979, con la aprobación de la Ley 776, que amplió la superficie de Presidente Franco. Sin embargo, un error en la redacción de la ley, que mencionaba la desafectación del distrito de Domingo Martínez de Irala en lugar de Presidente Stroessner (actual Ciudad del Este), fue la raíz de la disputa legal.
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Este error fue aprovechado por la Municipalidad de Ciudad del Este, que en 2013, durante la administración de Sandra McLeod de Zacarías, logró suspender los efectos de la ley mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, la situación permaneció en un limbo legal, afectando la planificación urbana y la recaudación fiscal de ambos municipios.
Fuente: ABC.
