La exportación de agrotóxicos prohibidos en la Unión Europea (UE) hacia países latinoamericanos persiste, a pesar de los compromisos adquiridos por la Comisión Europea en 2020 para poner fin a esta práctica. Esta situación generó una creciente preocupación entre ambientalistas y expertos en salud pública, quienes señalan los riesgos potenciales para la población y el medio ambiente en los países receptores.
Un estudio reciente, titulado “EU Pesticides Export Ban: What Could Be the Consequences?”, reveló que un significativo porcentaje de los pesticidas importados por países latinoamericanos desde la UE corresponde a sustancias cuyo uso está vetado en el bloque europeo. Brasil, por ejemplo, importa un 36% de pesticidas prohibidos, mientras que en Perú y México esta cifra supera el 50%.
La investigación, encargada por Pesticide Action Network (PAN-Europa), también mostró que en 2022, el 8,2% de las exportaciones de pesticidas de Alemania correspondían a sustancias prohibidas en la UE. Este dato puso de manifiesto la complejidad del problema, donde los intereses económicos nacionales a menudo entran en conflicto con las preocupaciones ambientales y de salud pública.
El fenómeno fue descrito por expertos como “colonialismo químico”, destacando cómo países europeos continúan produciendo y exportando sustancias peligrosas, obteniendo beneficios económicos a expensas de la salud de poblaciones en países menos desarrollados. Márcia Montanari, investigadora del Centro de Estudios Ambientales y de Salud del Trabajador de la Universidad Federal de Mato Grosso, señaló que aproximadamente el 30% de los pesticidas utilizados en Brasil están prohibidos en otros países.
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La situación plantea también preocupaciones en Europa debido al llamado “efecto boomerang”. Existe el temor de que productos alimenticios importados de importantes fuentes de suministro puedan contener residuos de estas sustancias peligrosas, poniendo en riesgo a los consumidores europeos. Investigaciones detectaron la presencia de pesticidas prohibidos en la UE en productos típicos y materias primas brasileñas, como la soja.
Entre las sustancias más preocupantes se encuentra la atrazina, un herbicida asociado con alteraciones endocrinas, neurológicas y enfermedades hepáticas. Brasil importó 200 toneladas de este producto de la UE en 2019, a pesar de estar prohibido en el bloque desde 2004 debido a su capacidad de contaminar extensivamente el agua. Otro caso notable es el paraquat, un herbicida vinculado a enfermedades graves como el Parkinson y la fibrosis pulmonar.
La situación en Latinoamérica se vio agravada por políticas que flexibilizaron la autorización de sustancias potencialmente nocivas. En Brasil, por ejemplo, durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, se aprobaron numerosas propuestas que facilitaron el uso de estos productos. Aunque hubo cambios en la administración, expertos como Montanari advierten que la influencia de las grandes industrias del sector agrícola sigue siendo significativa en las políticas gubernamentales.
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En el ámbito europeo, el panorama para una prohibición total de estas exportaciones sigue siendo complejo. João Camargo, investigador de Corporate Europe y coautor del estudio mencionado, señaló que el tema fue “olvidado” al final del mandato de la Comisión y el Parlamento Europeo. Además, destaca la decepcionante actuación de partidos políticos como Los Verdes en Alemania, que terminaron cediendo ante los intereses de la industria.
Fuente: El Nacional.
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