Varias comunidades Ayoreo y organizaciones ubicadas en Filadelfia han alzado la voz de alarma ante la intensa actividad de deforestación que se está llevando a cabo en la zona de Faro Moro, en el Departamento de Boquerón. Según denuncian, estas acciones atentan contra la vida e integridad de los grupos indígenas que habitan la zona en aislamiento voluntario, poniendo en riesgo su supervivencia y amenazando con un posible genocidio.
A través de un comunicado, las comunidades Jesudi, 15 de Setiembre, 2 de Enero, 10 de Febrero, Ijnapui, Jogasui, Campo Loro, Ebetogue y Tunucojai, junto con organizaciones como la Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay (UNAP), la Asociación Guidaigosode y Ducodegosode Ayoreo de Paraguay (AGDAP) y la Asociación Garaigosode del Pueblo Ayoreo (AGPA), han exigido al Estado paraguayo tomar medidas urgentes para detener la deforestación y garantizar la vida de los pueblos indígenas afectados.
La zona de Faro Moro forma parte del territorio tradicional del pueblo Ayoreo y es el hábitat actual de los únicos grupos en aislamiento voluntario fuera de la cuenca amazónica. Los ayoreos ya contactados y reducidos hace pocas décadas, que viven en diferentes comunidades adyacentes a la propiedad en cuestión, temen por sus propias vidas y por las de los grupos aislados remanentes, quienes se resisten al contacto con la sociedad colonizadora y han optado por mantener su forma de vida ancestral.
Ante esta situación, las comunidades Ayoreo presentaron un pedido de medida cautelar y acción de amparo el pasado 29 de mayo. Sin embargo, denuncian que el juzgado a cargo del caso ha iniciado un proceso legal irregular, denegando el amparo a pesar del peligro inminente que representan las obras ejecutadas. Además, acusan al juez de violar la ley al notificar a la firma arrendataria y responsable de las obras, Hekopora SA, del recurso interpuesto por las comunidades indígenas, mientras se negó a notificar al propietario real del inmueble afectado, la compañía británica Faro Moro Limited, con sede en el Reino Unido, contraviniendo lo establecido en el Convenio de La Haya.
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Las comunidades Ayoreo lamentan que tanto el juzgado como las diferentes instituciones del Estado paraguayo ignoren la presencia de los grupos en aislamiento voluntario, transmitiendo el mensaje de que “no tienen derecho a ninguna garantía constitucional”. Destacan que Paraguay es uno de los pocos países de Sudamérica que no cuenta con una ley específica para proteger a estos pueblos, violando así la Constitución Nacional y los tratados internacionales al permitir el exterminio de grupos humanos.
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Este caso no se limita únicamente a Faro Moro, sino que es un reflejo de la situación que enfrentan los pueblos indígenas en todo el Chaco paraguayo. Es imperativo que el Estado tome acciones concretas y efectivas para proteger los derechos de las comunidades Ayoreo y garantizar la supervivencia de los grupos en aislamiento voluntario. La deforestación descontrolada no solo pone en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región, sino que también amenaza la existencia misma de pueblos ancestrales.
Fuente: Última Hora
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