Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía.
En un nuevo avance de su estrategia para achicar y reestructurar el aparato estatal, el presidente Santiago Peña ha iniciado negociaciones con la Corte Suprema de Justicia para traspasar la Dirección Nacional de Catastro (DNC) a la órbita del Poder Judicial.
La intención es que la DNC, actualmente bajo dependencia del Ejecutivo, sea absorbida por la Dirección de Registros Públicos, entidad que responde a la cúpula judicial. “En pocos días se presentará un proyecto para la unificación”, adelantó el mandatario.
Esta movida se enmarca en el plan gubernamental para reducir el tamaño del Estado, apostando a una administración más austera mediante la fusión y redistribución de ministerios, secretarías e instituciones públicas.
Tras concretar la unificación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) con la creación del Ministerio de Economía, esta cesión de Catastro al Poder Judicial representa un nuevo paso en esa dirección.
Sin embargo, el escándalo de los predios ilegalmente desafectados en Remansito, que salpicó al futuro presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, habría acelerado la decisión de desprenderse de la administración de títulos de propiedad de tierras.
En diciembre pasado, Peña tuvo que anular los decretos que favorecieron a Núñez y otros allegados, y el entonces procurador Marco Aurelio González anticipó el traspaso de Catastro al Poder Judicial como una de las medidas a adoptar.
Este achicamiento del Estado cuenta con el respaldo legal de la ley que regula la “organización administrativa”, la cual permitirá a Peña dividir las dependencias públicas en “ejes de gobernanza” como Salud, Seguridad o Educación.
“Registros Públicos va a absorber a Catastro en un acto de fe y esperanza. Va a ser un paso enorme”, manifestó el presidente, quien cuestionó la falta de datos certeros sobre la propiedad de la tierra en gobiernos anteriores.
Además de Catastro, el plan de reestructuración prevé la fusión de alrededor de 30 instituciones, como la absorción de la Secretaría de Repatriados por la Cancillería, y la integración de entes como el IPTA, Senave e Infona bajo el Ministerio de Agricultura.
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Otras dependencias en la mira son el Ministerio de la Mujer, que se uniría con Niñez y Adolescencia, la Senadis y la Secretaría de Juventud, mientras que el Gabinete Social y la Dirección de Alimento Escolar pasarían a integrar el Ministerio de Acción Social.
Fuente: La Política Online
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