Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema.
La resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la acción de inconstitucionalidad contra la expulsión de la exsenadora Kattya González del Congreso se ha convertido en un intrincado campo de maniobras y presiones cruzadas que amenazan con desembocar en un choque institucional de proporciones.
Por un lado, el poderoso cartismo, liderado por Horacio Cartes, no oculta su disposición a impulsar un juicio político contra aquellos ministros que avalen el retorno de la opositora al Palacio Legislativo, en un gesto interpretado como una amenaza velada.
Los oficialistas esgrimen que la eventual reincorporación de González representaría una violación al artículo 3 de la Constitución Nacional, que consagra la independencia entre los poderes del Estado, arguyendo la potestad exclusiva del Congreso para definir la permanencia de sus miembros.
Sin embargo, en las entrañas de la Corte Suprema ya se barajan distintas estrategias para evitar un choque frontal con el Legislativo sin claudicar en la defensa de las garantías constitucionales.
Una posibilidad sería derivar el caso al pleno de ministros para descomprimir la presión sobre la Sala Constitucional, eludiendo así el plazo de 60 días establecido para emitir un fallo. Otra opción barajada sería la recusación del ministro Víctor Ríos por su presunta preopinión contraria a la restitución.
En contraste, se especula que el tradicionalista Gustavo Santander podría inclinarse por rechazar la acción de Kattya con el fin de evitar un enfrentamiento directo con la bancada cartista y su amenaza de juicio político, una perspectiva que el sector más conservador de la Corte buscaría evitar.
La postura del ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia, identificado con el cartismo, es objeto de especulaciones, aunque su tendencia a alinearse con los designios del partido de gobierno haría presagiar su rechazo a la demanda de la líder del Encuentro Nacional.
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En este complejo entramado de poderes enfrentados, la Fiscalía ha respaldado la posición de González al señalar que el Senado incurrió en una contradicción al ignorar su propia reglamentación sobre las mayorías requeridas para la destitución de legisladores, un argumento que podría inclinar la balanza a favor de la exsenadora.
Fuente: La Política Online
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