Erwin Solalinde Krause, condenado a 24 años de prisión por traficar 18.900 kilos de marihuana en Villeta, fue beneficiado con arresto domiciliario por dos juezas distintas tras cumplir solo cuatro años de su condena. La jueza de ejecución de Itapúa, Laura Benítez, le concedió este beneficio en mayo, permitiéndole cumplir su sentencia en una residencia en Itapúa.
La decisión de la jueza Benítez fue controvertida debido a la falta de consideración de los antecedentes de Solalinde, que incluyen un proceso por homicidio doloso y falsificación de documentos. La jueza revocó su decisión este lunes, tras una investigación que reveló la gravedad de su error al favorecer a un narcotraficante con tan corta condena cumplida y con antecedentes penales serios.
Sin embargo, la polémica se intensificó cuando se descubrió que la jueza de Central, Nunila González Franco, también otorgó arresto domiciliario a Solalinde en junio, permitiéndole trasladarse a Villa Elisa. Esta coincidencia sugiere una grave falta de coordinación y revisión de antecedentes entre las autoridades judiciales.
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La situación fue denunciada por la ministra Carolina Llanes, integrante de la Sala Penal, quien presentó los resultados preliminares de una investigación interna que expuso las decisiones de las juezas y su falta de verificación adecuada de los antecedentes del condenado. La ministra Llanes señaló la sorprendente incapacidad de las juezas para acceder a la información de antecedentes disponible tecnológicamente.
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En respuesta a estos hechos, la Corte Suprema de Justicia suspendió a las juezas Benítez y González Franco sin goce de sueldo, iniciando un sumario administrativo y remitiendo sus antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Ambas juezas serán escuchadas en la próxima sesión de la Corte para responder por sus decisiones.
Fuente: Judiciales.net
