La Fiscalía ha formulado acusación y solicitado la apertura de un juicio oral y público contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), y otras personas por los supuestos delitos de lesión de confianza y asociación criminal. Según la investigación, los acusados habrían desviado fondos públicos a través de licitaciones amañadas para la compra de alimentos durante la pandemia de Covid-19.
Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, presentaron la acusación contra Prieto y otras diez personas, entre ellas funcionarios municipales y empresarios. De acuerdo con la Fiscalía, el intendente habría encabezado un esquema que desviaba recursos municipales mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando un perjuicio patrimonial al municipio esteño.
Según los antecedentes de la causa, entre marzo y junio de 2020, Prieto, como ordenador de gastos y administrador general de la comuna, habría convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para adquirir insumos destinados a la fabricación de panificados para familias de escasos recursos durante la pandemia. Sin embargo, los elementos recabados por la investigación sugieren que todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado para favorecer a una estructura jurídica funcional al intendente.
#AHORA los fiscales de Delitos Económicos, Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez acusan y piden juicio para el intendente de CDE, Miguel Prieto y demás procesados lesión de confianza y asociación criminal. pic.twitter.com/NfgxKvykp7
— Perla Silguero Zárate (@PerlaSilguero) June 19, 2024
El Ministerio Público estima que el perjuicio ocasionado a las arcas municipales asciende a G. 306.188.500, correspondiente al pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes. Este hecho habría sido posible gracias a la colaboración de los miembros de la estructura encabezada por Prieto, quienes habrían facilitado el desvío de fondos públicos.
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Entre los acusados se encuentran Francisco Raimundo Arrúa Álvarez (ex director de administración y finanzas de la comuna), Maggi Elizabeth Fariña Almada (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones), Sebastián Martínez Insfrán (concejal municipal), Higinio Ramón Acuña (jefe de División, Adquisición y Suministro), Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez (encargada de órdenes de pago), Nelson Alexis Segovia Acevedo (tesorero), Emili Vanessa Florentín Páez (presidenta de Vanemi SA), Fermín Ávalos Britos (propietario de la empresa Tía Chela SRL), José Félix Cáceres Galeano y Julián Benítez Gamarra.
Fuente: Última Hora
