La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exintendente de Lambaré, Armando Gómez, su exadministrador Roberto Paredes Ojeda y el tesorero Rodrigo Portillo Chirife, corre el riesgo de prescribir si no se eleva a juicio oral antes de noviembre de este año, según informes de la asesoría jurídica de la Junta Municipal.
La causa, que lleva el número 4106/19, se encuentra a cargo del agente fiscal Francisco Cabrera, titular de la Unidad Nº 7 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. A pesar de que la denuncia fue presentada en octubre de 2019, la investigación ha avanzado con lentitud, generando preocupación entre los concejales municipales y los ciudadanos.
Uno de los puntos clave en la investigación es la pericia informática sobre el sistema de la Municipalidad de Lambaré. Según informes, el perito designado, el licenciado Mario Duarte ha solicitado 13 prórrogas para presentar sus resultados, dilatando el proceso por más de tres años. Esta situación ha llevado a la Junta Municipal a denunciar al perito ante la Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio Público y a comunicar la situación al Fiscal General del Estado y al Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Denuncian al perito del caso Armando Gómez, exintendente de Lambaré.
El mismo no entregó informe pericial del político lambareño.#NPY #NosConecta pic.twitter.com/ovwKZlzdHu
— NPY Oficial (@npyoficial) December 11, 2023
La denuncia original, presentada por concejales municipales, señala que los funcionarios investigados llevaban un nivel de vida que no concordaba con sus ingresos legales.
Leslie Gómez, hija del exintendente Armando Gómez, publicaba en sus redes sociales imágenes de sus viajes a lujosos destinos europeos como Roma y París. La denuncia también mencionaba los antecedentes de la exesposa de Gómez, Fabiola Bareiro, condenada por estafa.
Por su parte, Rodrigo Portillo Chirife, tesorero de la Municipalidad de Lambaré en el periodo de Armando Gómez, presumía inmuebles costosos y viajes extravagantes a través de sus redes sociales. Las imágenes de yates alquilados y viajes familiares a Brasil y a partidos internacionales de fútbol se sumaron a la evidencia que los concejales presentaron como prueba del enriquecimiento ilícito.
Portillo fue el principal blanco de un allanamiento por parte de la fiscalía, donde se sospechaba que operaba una red de cajas paralelas. Además, Portillo, quien fue precandidato a concejal en la campaña de Armando Gómez, fue acusado de ocultar bienes vinculados a una estafa contra la Ganadera Viradolce SA. Su vinculación con un importante senador liberal fue otro punto de controversia en este caso.
Carlos Flecha, otro implicado, mostró signos claros de enriquecimiento inexplicable. Con un salario municipal de menos de 5 millones de guaraníes, Flecha adquirió una camioneta de 61.000 dólares, según registros automotores, y realizó un pago inicial de 20.000 dólares en efectivo en una concesionaria, lo cual levantaba serias dudas sobre el origen de estos fondos.
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Roberto Paredes Ojeda, exadministrador municipal, organizó una extravagante fiesta de quince años para su hija, con la presencia de artistas internacionales y un costo aproximado de 80.000 dólares. Este evento, junto con otros lujos exhibidos por los funcionarios, reforzaron las acusaciones de enriquecimiento ilícito.
Roberto Paredes Ojeda, director de administración de la Municipalidad de Lambaré, triplicó su patrimonio en cuatro años.
En 15 años en la función pública, su patrimonio creció casi un 2.000%.
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— ABC Digital (@ABCDigital) October 26, 2019
Las sospechas de corrupción se profundizaron con la denuncia sobre la existencia de cajas paralelas en la Municipalidad, facturas clonadas y anuladas irregularmente. Según un informe de la intervención municipal, se habrían anulado 9.584 comprobantes de ingresos de forma irregular entre 2018 y 2019, de los cuales 6.411 son considerados sospechosos y representan un monto de más de 9.000 millones de guaraníes.
La Junta Municipal ha solicitado en reiteradas ocasiones la realización de una pericia informática urgente sobre el sistema de la Municipalidad, estableciendo plazos y puntos específicos a ser analizados.
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El agente fiscal Francisco Cabrera, a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, ha recibido críticas por la falta de avance en la investigación. A pesar de que la pericia informática fue finalmente completada y entregada, aún se espera el estudio contable de las cajas de tesorería y los resultados aún no han sido presentados, lo que genera dudas sobre la celeridad y efectividad de la investigación fiscal.
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De no elevarse la causa a juicio oral antes de noviembre, existe el riesgo de que prescriba, dejando impunes los posibles delitos cometidos por los funcionarios denunciados. La asesoría jurídica de la Junta Municipal advierte sobre esta situación y urge a las autoridades competentes a tomar acciones concretas para evitar que la justicia se vea burlada en este caso de supuesta corrupción en la administración pública.
Con información de ABC Color, Última Hora y ADN Digital.
