Foto: La Nación.
El reciente anuncio del reajuste del salario mínimo por parte del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) ha generado un profundo descontento entre los trabajadores paraguayos. Dirigentes sindicales, como Bernardo Rojas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han alzado la voz para cuestionar el monto del incremento y advertir sobre posibles conflictos si el presidente Santiago Peña no atiende los reclamos sociales.
Según lo informado por el Conasam, el salario mínimo se reajustará en G. 117.936, alcanzando un total de G. 2.798.309 a partir del 1 de julio. Sin embargo, desde la CUT sostienen que este monto resulta insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores.
Rojas critica la falta de diálogo del presidente Peña con el sector laboral, señalando que “habla con todos: habla con los patrones, con la iglesia, con la policía, habla con estos, con los otros, pero con los trabajadores no habla, que es la base de la economía del país”.
La advertencia lanzada por el dirigente sindical es clara: si el presidente no escucha los reclamos sociales, podrían desarrollarse problemas similares a los que se están viviendo actualmente en Argentina. Rojas enfatiza que no se trata de una amenaza, sino de un recordatorio sobre las consecuencias que podrían derivarse de la falta de atención a las demandas de los trabajadores.
Desde la CUT, se resalta la importancia del diálogo para evitar situaciones lamentables en el futuro. Los dirigentes sindicales solicitan una reunión con el presidente Peña para discutir y buscar acuerdos que beneficien a los trabajadores. Rojas expresa su convicción de que es posible llegar a un entendimiento, siempre y cuando el diálogo sea serio y responsable.
El reajuste del salario mínimo, que se espera alcance a unas 282.000 personas, ha sido considerado como un monto bajo por parte de los representantes de los trabajadores. Argumentan que el incremento no se corresponde con el aumento del costo de vida y las necesidades básicas de los asalariados.
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La situación actual plantea un desafío para el gobierno del presidente Santiago Peña, quien deberá encontrar un equilibrio entre las demandas de los trabajadores y las posibilidades económicas del país. La falta de atención a los reclamos sociales podría desencadenar conflictos y tensiones que afecten la estabilidad laboral y social.
Fuente: El Nacional
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