La Cámara de Senadores ha aceptado el veto total del presidente Santiago Peña (ANR) a la ley “que modifica y amplía el artículo 30 de la Ley Nº 879/1981 Código de Organización Judicial”, sobre el Tribunal de Cuentas, que buscaba evitar el puenteo a la Contraloría General de la República (CGR). Con esta decisión, la ley ha sido enviada al archivo, luego de que en abril pasado la Cámara de Diputados también aceptara el veto presidencial.
La situación actual permite que casi una treintena de instituciones públicas presenten sus rendiciones de uso de fondos públicos ante el Tribunal de Cuentas, en lugar de ser fiscalizadas por la Contraloría. Este esquema es aprovechado para evitar una revisión exhaustiva, logrando en la práctica un “blanqueo” de las cuentas. Desde 2008 a 2019, la Corte Suprema de Justicia otorgó 28 acciones de inconstitucionalidad favorables a cuestionadas administraciones.
El senador Rafael Filizzola (PDP) lamentó el veto presidencial y la aceptación por parte de los diputados, considerando que la iniciativa legislativa se originó en la Cámara Baja en 2022. Calificó la situación como “escandalosa” y señaló que el “negocio de las inconstitucionalidades” ha sido utilizado para que la CGR pierda sus funciones de control, con la complicidad de la Corte Suprema en algunos casos.
Otros senadores, como Celeste Amarilla (PLRA), Yolanda Paredes (CN) y Eduardo Nakayama (ex-PLRA), se sumaron a las críticas y adelantaron que presentarán otro proyecto de ley que busque evitar el puenteo a la Contraloría. Por su parte, los opositores en la Cámara de Diputados trabajan en un proyecto que obligue a los administradores de gastos a enviar sus rendiciones de cuentas primero a la CGR y luego al Tribunal de Cuentas, como una forma de zanjar el problema de la inconstitucionalidad.
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El argumento del presidente Santiago Peña para vetar la ley fue que no solucionaba el inconveniente de los pedidos de inconstitucionalidad. Sin embargo, la decisión ha generado preocupación entre los legisladores opositores, quienes consideran que se está permitiendo la continuidad de un esquema que favorece la falta de transparencia y el “blanqueo” de cuentas cuestionables.
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La aceptación del veto presidencial por parte del Senado ha puesto fin a los esfuerzos legislativos para fortalecer el control de la Contraloría General de la República sobre el uso de los fondos públicos. Ahora, queda en manos de los legisladores opositores presentar nuevas propuestas que busquen evitar el puenteo a la CGR y garantizar una fiscalización efectiva de las instituciones públicas.
Fuente: ABC Color
